Corte Interamericana y Senado analizan responsabilidades del Legislativo en cumplimiento de sentencias

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), jueza Nancy Hernández, encabezó ayer una visita protocolar a la Cámara de Senadores, en el marco del periodo de sesiones que el tribunal internacional desarrolla en Paraguay.

La presidenta de la Comisión Interamericana de DD.HH, Jueza Nancy Hernández junto con el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio "Bachi" Núñez (ANR, HC), en el salón de la presidencia del Senado.
La presidenta de la Comisión Interamericana de DD.HH, Jueza Nancy Hernández junto con el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio "Bachi" Núñez (ANR, HC), en el salón de la presidencia del Senado.Senado Gentileza

El encuentro reunió a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al secretario general, a la secretaria adjunta y al equipo técnico de la institución, quienes acompañan la revisión del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado paraguayo.

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), destacó que la visita abrió paso a un trabajo más específico entre los equipos técnicos de la Corte Interamericana y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

“Hoy a la tarde el equipo técnico de la Comisión va a trabajar con el equipo técnico de la Corte Interamericana en lo que se refiere a las responsabilidades que tiene el Poder Legislativo, y así también lo harán las diferentes instituciones del Estado: el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”, explicó.

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La agenda incluye la evaluación de medidas concretas que debe asumir el Congreso que tiene pendiente el tratamiento del proyecto de ley de protección a periodistas.

¿Qué dice la Corte IDH sobre la ley de protección?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Leguizamón Zaván y otros vs. Paraguay, en su sentencia del 15 de noviembre de 2022 sobre el fondo, reparaciones y costas señala en cuanto a las garantías de no repetición.

La Comisión solicitó que, como medida de reparación, se ordene al Estado la adopción de medidas de carácter legislativo, institucional y judicial orientadas a reducir la exposición al riesgo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación que se encuentran en situación de riesgo especial por el ejercicio de su labor. Para ello, sostuvo que el Estado debe desarrollar programas y medidas adecuadas y expeditas de respuesta institucional que permitan proteger eficazmente a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en situaciones de riesgo especial por el ejercicio de su oficio, y de ser el caso a sus familiares, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o sean originadas en particulares. En particular, indicó que el Estado debe diseñar e implementar protocolos de evaluación de riesgo adecuados y programas de protección para los periodistas y sus familiares”.

La Corte considera necesario ordenar al Estado que impulse la aprobación del Proyecto de Ley “sobre Libertad de Expresión, Protección a Periodistas, Trabajadores de Prensa y Defensores de Derechos Humanos”, que actualmente se encuentra en trámite o de un proyecto de ley de contenido similar sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos".

Miembros de la Corte CIDH con senadores de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.
Miembros de la Corte CIDH con senadores de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.

El senador Mario Varela (ANR, disidente), presidente de la comisión de Derechos Humanos anunció días atrás que solicitará en la sesión de la fecha, como moción de preferencia, el tratamiento en 15 días del proyecto de ley de protección a periodistas.

Filizzola recordó que, aunque el Estado viene haciendo esfuerzos, aún no existen casos en los que se haya cumplido en su totalidad con las obligaciones internacionales. “El cumplimiento es habitualmente parcial. Así que, si bien se reconoce el esfuerzo, tenemos que redoblarlo”, subrayó.

La presencia de la Corte en Paraguay marca un hito institucional al poner bajo la lupa las responsabilidades de cada poder del Estado en materia de derechos humanos, con la expectativa de avanzar hacia un cumplimiento más integral de las sentencias internacionales.

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