En las últimas semanas, se registraron cuatro graves hechos de violencia dirigidos contra comunicadores. Entre los afectados se encuentran: Carlos Benítez (Radio Ñanduti), Fabián Costa (jefe de comunicación de la Municipalidad de Lambaré), Aníbal Gómez Caballero (periodista radial en Pedro Juan Caballero) y Mabel Portillo (periodista del departamento de Guairá)
Estos casos se suman a una preocupante lista de agresiones que atentan contra la libertad de prensa y la democracia paraguaya.
El documento aprobado recuerda que Paraguay acumula una historia de impunidad en crímenes contra periodistas.
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Los asesinatos de Leo Veras (2020), Humberto Coronel (2022) y Alexander Álvarez (2023) permanecen sin resolución judicial. Inclusive, el primer asesinato de la era democrática, el de Santiago Leguizamón (1991), motivó una condena internacional al Estado paraguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la falta de justicia.
El Proyecto de Declaración aprobado establece lo siguiente:
1. Repudiar los ataques y amenazas a los periodistas mencionados.
2. Exhortar al Ministerio Público a investigar de forma inmediata, exhaustiva e imparcial.
3. Sancionar a los responsables, garantizando que estos hechos no queden en la impunidad.
Un llamado a la protección legal
La exposición de motivos resalta la urgencia de aprobar el Proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, el cual busca crear un Mecanismo Nacional de Protección con medidas de prevención, financiamiento adecuado y una estructura estatal capaz de responder con eficacia y celeridad ante las amenazas.
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El texto también recuerda que la libertad de prensa y la libertad de expresión están consagradas en la Constitución Nacional, así como en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con esta declaración, el Senado envía un mensaje de respaldo a los periodistas y de compromiso con la democracia. No obstante, organizaciones y profesionales de la comunicación exigen que las palabras se traduzcan en acciones concretas que frenen la impunidad y protejan efectivamente a quienes ejercen esta labor esencial.
El proyecto de declaración fue presentado por el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Mario Varela y los demás miembros de la comisión: Rafael Filizzola (PFP), Lizarella Valiente (ANR, HC), José Ledesma (PLRA, aliado cartista) y Carlos Núñez (ANR, HC).