El 21 de julio, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración en la que rechazaba enérgicamente la intervención de la Policía Nacional durante una peregrinación religiosa que fue realizada en el marco del Año del Jubileo, donde fue detenido el sacerdote Alberto “pa’i” Luna por portar un cartel con la frase: “Reforma del transporte público ya”.
También fue aprobado un pedido de informes para que la Policía responda oficialmente sobre los hechos ocurridos durante una manifestación pacífica. El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) cuestionó la respuesta oficial.
¿Ahora la Policía tiene que autorizar qué se puede llevar y qué no a una procesión religiosa? Eso lo pensábamos superado desde la caída de la dictadura. La calle no es de la Policía”, expresó el senador opositor.
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Para Filizzola, este episodio constituye “una actitud antidemocrática, autoritaria y lesiva del derecho de la libertad de expresión”, recordando que no solo afecta a un sacerdote en una procesión, sino que sienta un precedente peligroso para cualquier manifestación ciudadana.
De acuerdo con la denuncia, el pa’i Luna fue censurado y amenazado por agentes policiales, quienes le exigieron dejar de portar el cartel. Ante la negativa, fue trasladado y retenido momentáneamente, lo que derivó en cuestionamientos de organizaciones sociales, religiosos y legisladores.
La Comandancia de la Policía respondió a un pedido de informe asegurando que a los feligreses “se les indicó que si pretendían manifestarse exigiendo soluciones a problemas sociales serían redireccionados a la Plaza del Congreso o al costado del Cabildo”.