La denuncia penal contra personas innominadas fue presentada ayer por un grupo de abogados, habiendo pasado más de una semana desde que estallara –el 16 de septiembre pasado– el caso de “Los sobres del poder” que embarró al presidente de la República, Santiago Peña, en una trama de apariciones y desapariciones de presuntos sobres con hasta US$ 100.000 en efectivo cada uno en Mburuvicha Róga.
En todo este tiempo, la Fiscalía, pese a la obligación legal de tomar acción ante indicios de hechos punibles, sigue inerte y con un silencio cómplice.
La denuncia está firmada por los abogados María Esther Roa, Guillermo Ferreiro, Teresa Flecha, el exsenador Pedro Santa Cruz, entre otros varios miembros de la organización ciudadana “Somos Anticorrupción Paraguay (SAPY)” y sugiere indagar la comisión de probables hechos punibles de lavado de dinero, cohecho pasivo/activo (coima), tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito en la función pública, Asociación criminal y/u obstrucción a la persecución penal.
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“Han pasado varios días sin que el Ministerio Público abra oficiosamente una investigación penal y eso es grave. Es grave desde el momento que otra vez la ciudadanía tiene que abordar esta responsabilidad y recordarle a don Emiliano Rolón (fiscal general del Estado) que este es su oficio, esta es la obligación constitucional que él tiene”, reclamó la abogada Roa.
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Posibles tipos penales a investigar, según la denuncia:
- Lavado de dinero, por movilización y ocultamiento de activos de procedencia desconocida en un recinto estatal;
- Cohecho pasivo/activo y tráfico de influencias; si el efectivo se destinaba a comprar o retribuir decisiones públicas;
- Enriquecimiento ilícito en la función pública, si se verifica incremento patrimonial injustificado;
- Asociación criminal y/o obstrucción a la persecución penal, de mediar coordinación para ocultar pruebas o amedrentar testigos.
- Coacción grave, en caso de comprobarse el uso ilegal de polígrafo contra exfuncionarios
El caso publicado por ABC expuso una serie de testimonios de la exempleada de Mburuvicha Róga y de la familia presidencial, Luz Maribel Candado, su esposo Hugo Romero y otros, que revelaron que el Ejecutivo habría dispuesto el sometimiento a estas personas –presuntamente de manera ilegal– a interrogatorio con polígrafo, por la supuesta desaparición de dinero.
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Lo más grave del caso es que Candado –estando aún bajo servicio de Peña– reportó haber encontrado al menos dos sobres con US$ 100.000 cada uno en el quincho de la residencia presidencial oficial, exponiendo incluso fotografías y conversaciones respecto a al dinero de cuyo origen lícito se duda. Todos hechos graves de los cuales la Fiscalía hasta ahora no se dio por enterada.
Algunas diligencias planteadas en la denuncia son:
- Aseguramiento de evidencias y cadena de custodia en Mburuvicha Róga, tales como allanamientos y Secuestro de sobres, dinero, dispositivos de almacenamiento y registros de cámaras.
- Requerimiento de registros documentales y digitales al Gabinete Civil y a la Administración de Mburuvicha Róga: Nóminas de ingreso/egreso, libros de guardia, agendas y visitas no registradas; CCTV (copias íntegras) de los últimos 90 días; entre otros.
- Trazabilidad financiera: Oficios a SEPRELAD, SIPAP, Bacens/SIB y bancos para reporte de operaciones inusuales relacionadas con funcionarios y contratistas con acceso a Mburuvicha Róga.
- Pericias de telefonía y telecomunicaciones: Revisión de llamadas y mensajes, así como datos de geolocalización.
- Testimoniales: A funcionarios y exfuncionarios.
- Medidas de no innovación y protección: Para testigos y datos.
“Luego de enterarnos de que en la casa presidencial circulan sobres con montos multimillonarios, entonces queremos que se nos aclare. No lo hizo el presidente de la República, tampoco la Fiscalía, por lo que nosotros vamos a reforzar esto con esta denuncia que hoy estamos presentando para ver que el Ministerio Público haga esa investigación pertinente y diga qué pasó”, insistió la abogada.
De hecho, la actitud de la Fiscalía se puede asumir como cómplice y violatoria de sus obligaciones legales, ya que, entre otros, el artículo 18 del Código Procesal Penal (CPP) establece que “el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que haya suficientes indicios fácticos de la existencia de los mismos”.
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“Si hay algo que estudiamos en la facultad, en los primeros años, es que no existe ningún formalismo para que un fiscal tenga conocimiento de un hecho punible, la famosa notitia criminis”, acotó al respecto el abogado Ferreiro.
El pedido de investigación no se limita solo a los “sobres del poder”, sino también al cuestionado proceso de uso del polígrafo contra civiles, que fue admitido por el propio ministro de Defensa de Peña, (Óscar González) y que para los denunciantes es una admisión tácita de que algo hubo.
“Lo que sí tenemos claro es que hubo una utilización irracional e ilegítima del polígrafo contra personas que no podrían ser sometidas a ese proceso. Entonces, si se sometió a esas personas es porque el hecho existió y eso lo dijo su propio ministro de Defensa que aseguró eso”, insistió Roa, que pidió indagar “coacción grave”.
Nulas esperanzas en Rolón
El abogado Guillermo Ferreiro, si bien dijo que con esta denuncia le quitan la excusa para no actuar al “contarle lo que es de público conocimiento”, también reconoció que la presentación la realizaron con nulas esperanzas de acción por parte del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pero con la absoluta convicción de que tenían la obligación moral de no quedarse con los brazos cruzados.
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“Esperanza mucha no hay, pero esta es la vía para los que creemos en las instituciones. Con Emiliano Rolón ya no va a ser, lamentablemente (que se recupere la institucionalidad), pero la gente tiene que reclamarles a sus autoridades que hagan su trabajo, la gente tiene que presionar, si no esta gente va a continuar encubriendo hechos punibles tan graves”, reclamó Ferreiro.
El mismo recordó que esta no sería la primera vez que la Fiscalía de Rolón se hace la “ñembotavy”, y recordó por ejemplo el nulo avance en el caso chats del diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (+), muerto en un operativo policial-fiscal en Pedro Juan Caballero, y que, gracias al peritaje a su teléfono, se conoció una enorme trama de presuntos tráficos de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que obligó a la renuncia como diputado del cartista Orlando Arévalo.
Ferreiro también le recordó al fiscal general del Estado, que con esta actitud, en algún momento también podrían tener que responder por encubrimiento de presuntos delitos.
“Ante la suma de indicios que hay –coincidentes en este caso–, lastimosamente no cumplen su obligación legal y eso acarrea responsabilidades que luego tendrán que asumir y afrontar”, apuntó finalmente Ferreiro.
En el caso de “los sobres del poder” también se descubrió que el Presidente de la República mantenía reuniones nocturnas –ocultas de la agenda– con proveedores “mimados” del Estado por este Gobierno, como ser el propietario de Comepar, Miguel Cardona, y su exsocio comercial en Ueno Holding, el presidente del Grupo Vázquez, Miguel Vázquez, pero también con el mismo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Diligencias “urgentes” a más de una semana
En el escrito de la denuncia penal, también se solicita una serie de “diligencias y medidas” urgentes, pese a que desde que estalló el caso de los “sobre del poder” ya pasó más de una semana y se ha dado al Ejecutivo la posibilidad de hacer y deshacer a su antojo cualquier eventual prueba en torno al caso.
Además de incautar evidencia, desde documentales sobre las visitas hasta las grabaciones de circuito cerrado, también se pide la protección de testigos así como órdenes de resguardo de las potenciales evidencias.