El objetivo es incluir la exoneración del impuesto inmobiliario como beneficio social a los adultos mayores de escasos recursos, propietarios de un único inmueble destinado a vivienda.
“La inclusión de una pensión universal es un paso esencial, pero insuficiente si no se acompaña de medidas concretas para reducir los gastos fijos que afectan la subsistencia de este grupo vulnerable”, dice una parte del proyecto.
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Agrega además que “el impuesto inmobiliario, aunque representa un ingreso legítimo para los municipios, puede convertirse en una carga desproporcionada para los adultos mayores de escasos recursos, en muchos casos sobreviven de la pensión universal y habitan viviendas modestas. La exoneración del pago de este impuesto para este sector no sólo es justa, sino un derecho fundamental ”.
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Los proyectistas son los diputados cartistas: Santiago Benítez, José “Mino” Adorno, María Ida Cattebeke, Saúl González y Jatar Fernández y el liberal Juan M. Acevedo.
Sobre la aplicación, explica que, siguiendo el modelo de incorporación automática de la pensión, esta exoneración podría gestionarse mediante el cruzamiento de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), y las municipalidades, reduciendo trámites burocráticos.