Esta mañana, se presentaron oficialmente en el Senado los dos pedidos de interpelación. El objetivo es que tanto Enrique Riera como el comisario Carlos Benítez acudan ante el Congreso en la próxima sesión y brinden explicaciones sobre la represión policial y la detención de 31 jóvenes que estaban protestando el pasado domingo.
Entre los argumentos, los senadores señalaron que en los últimos meses se viene evidenciando una preocupante línea de actuación policial, con despliegues desproporcionados de efectivos ante manifestaciones pacíficas y mecanismos de vigilancia en espacios de mensajería. También destacaron la peligrosa intervención de agentes del Grupo Lince, con registros de violencia y atropellos.
El senador Rafael Filizzola sostuvo en ABC Cardinal que la respuesta policial a la protesta del domingo fue excesiva y sin justificación, además de que la violencia fue iniciada por las fuerzas de seguridad. “Salieron de cacería a detener a 30 personas sin poder explicar qué hecho punible cometieron. Eso es gravísimo”, afirmó el legislador.
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Uso indebido del delito de perturbación de la paz pública
Filizzola cuestionó el uso reiterado del delito de “perturbación de la paz pública” como justificación para arrestos masivos. Según el senador, este tipo penal está siendo interpretado de manera abusiva para criminalizar el derecho a la protesta. “No se trata solo de molestar a la gente; debe configurarse un daño real. Hoy se utiliza para menoscabar las manifestaciones pacíficas”, enfatizó.
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El legislador criticó que este tipo penal tenga una pena elevada y lo comparó con delitos de mayor gravedad, como el lavado de dinero. “Perturbar la paz pública parece hoy más grave que el crimen organizado”, dijo.
Filizzola denunció que las detenciones fueron realizadas sin fundamentos claros y acusó a la Policía Nacional de abuso y violencia. Recordó el caso de dos mujeres que resultaron gravemente heridas tras ser arrolladas por agentes Lince.
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Vigilancia ilegal de comunicaciones
Otro punto central de la interpelación será la presunta interceptación de comunicaciones sin orden judicial. Filizzola aseguró que solicitaron informes a las compañías telefónicas sobre tres números de celulares, acción que considera ilegal según la Constitución. “La ley exige orden judicial para cualquier intervención de comunicaciones”, subrayó, advirtiendo un “uso político” de la investigación.
El pedido de interpelación ya fue presentado. Según la ley, la Cámara de Senadores debe decidir su tratamiento en un plazo máximo de ocho días. En caso de ser aprobado, se fijará la fecha para las interpelaciones.
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Comisario con antecedentes encabezó la represión
En otro momento, Filizzola cuestionó que el operativo haya sido encabezado por el comisario Gustavo Errecarte, jefe de la Comisaría 1ª de Asunción, pues según él es conocido por contar con antecedentes y sumarios disciplinarios. “Es una persona con un prontuario y procesos por robo y extorsión agravada”, señaló.
Filizzola agregó que, a pesar de estos antecedentes, el comisario Errecarte fue promovido a comisario general y designado para dirigir el operativo. “Yo voté en contra de su ascenso por motivos claros: su hoja de servicio es desastrosa y está llena de procesos internos. No podemos poner a una persona con ese historial al frente de un operativo que debe garantizar los derechos de los manifestantes”, afirmó.
Además, el senador denunció que el argumento de la Policía para justificar la actuación de Errecarte fue erróneo. “El comandante afirmó que los jóvenes detenidos tenían antecedentes penales, pero en realidad quien contaba con antecedentes era el propio jefe del operativo”, concluyó.