El presidente de la República, Santiago Peña Palacios, enfrenta una grave denuncia penal ante el Ministerio Público, formulada por miembros del Congreso Nacional, por los presuntos hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La denuncia se centra en un incremento patrimonial del 1.603% de Peña entre 2017 y 2023, la falta de justificación de más de G. 9.200 millones en su patrimonio, y la notoria capitalización de empresas vinculadas al Grupo Vázquez con fondos públicos inmediatamente después de su asunción.
En el escrito, realizan una cronología detallada que expone puntos en común entre la carrera política y privada de Santi Peña con los supuestos intereses del conglomerado, culminando en un acceso sin precedentes a los recursos del Estado por parte de sus exsocios.
De funcionario a magnate
El relato de hechos de la denuncia presentada ante la Fiscalía arranca con la Declaración Jurada de Bienes de Peña. tras asumir en el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) en abril de 2014, con un patrimonio de apenas G. 914 millones.
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En 2015, Peña asumió como Ministro de Hacienda, declarando G. 1.007 millones como patrimonio neto. Para 2017, tras salir del cargo, era G. 1.351.955.763.
Seis años después, al asumir la presidencia en agosto de 2023, declaró nada menos que un patrimonio de G. 23.024.303.342, es decir, tuvo un aumento del 1.603%.
Entre 2017 y 2023 es cuando, según denuncian, se encuentra una inconsistencia, coincidente con el tiempo que Peña fue director titular del Banco BASA.
Los denunciantes calculan que, aun sumando los ingresos estimados de G. 12.400.000.000 provenientes de BASA a su patrimonio inicial, sigue existiendo una diferencia de más de G. 9.200.000.000 sin una explicación justificada.
Nexos con ueno Holding
El punto de inflexión se da en marzo de 2019, cuando Peña adquiere 1.500 acciones de la serie K de Credicentro Saeca (convertida a Ueno Holding), estableciendo un vínculo directo con el Grupo Vázquez.
Esta empresa, en agosto de 2020, se fusiona con Pasfin, una firma cuyo expresidente está procesado por lavado de dinero en el caso Pavo Real I.
En abril de 2021, el Grupo Vázquez adquirió Financiera El Comercio (futuro ueno Bank) e ITTI Saeca.
Según la denuncia, para julio de 2022, Peña cesó su vínculo con BASA, habiendo acumulado unos G. 12.400 millones en ingresos estimados.
La cronología alcanza su clímax en agosto de 2023, cuando Peña asume la Presidencia. Coincidentemente, la empresa ITTI Saeca inicia inmediatamente una fase de adjudicación de contratos estatales, señalan.
Agregan que la maniobra se consolidó en octubre de 2023, cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) modificó su reglamento de inversiones para permitir la colocación de G. 992.000 millones en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de ueno Bank.
Este hecho, sumado a la creciente captación de dinero público por la entidad, constituye uno de los ejes de la denuncia por Tráfico de Influencias.
La denuncia indica que el proceso de vinculación se consolidó con la fusión de ueno Bank con Visión Banco en junio de 2024, y la venta de las acciones de Santiago Peña en ueno Holding Saeca, comunicada al BCP en abril de 2025, luego que sus socios aseguraran su posición dominante en la captación de fondos públicos
Acciones se disparan
En julio de 2022, en plena carrera electoral, el entonces candidato a presidente declaró poseer 1.500 acciones en Ueno Holding Saeca.
Sin embargo, destacan en la denuncia, en agosto de 2023, en su declaración jurada a la Contraloría, Peña indicó contar con acciones de Ueno Holding Saeca por G. 6.144 millones (6.144 acciones), reflejando un crecimiento exponencial en tan solo 13 meses, y mientras, no ocupaba ningún cargo público ni privado.
Los legisladores denunciantes señalan que la ausencia de información solo puede confirmar que el origen del crecimiento patrimonial no está suficientemente justificado.
Sobre la fastuosa mansión construida en San Bernardino con un valor estimado de US$ 2 millones, agregan que los presuntos costos del inmueble no condicen con el patrimonio de Peña.
Agregan que incluso usando todos los recursos declarados por el presidente en cajas de ahorro, cuentas corrientes, CDA, y sumando el valor del terreno, alcanzaría solo US$ 1 millón. Por esto, señalan que si habría sido así, Peña se habría quedado sin activos de rápida realización y solo con el ingreso presidencial.
Por tanto, sumado a las denuncias de la exfuncionaria Luz Candado, la transferencia de la camioneta a una firma ligada a Peña (Real Viviendas EAS), es urgente que se investiguen todas las inconsistencias, sostienen.
Señalan a preso por lavado
La denuncia detalla la participación de Peña en Credicentro y menciona a otros accionistas.
Entre ellos aparece el nombre de Carlos Oleñik Memmel, quien se encuentra privado de libertad por casos de lavado de dinero. Oleñik está investigado por sospechas de utilizar empresas, como Pasfin, para adquirir bienes que luego se considerarían “lavados” y que habrían operado para el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.
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Señalan que la conexión es relevante atendiendo a que Credicentro se fusionó con Pasfin y LCR cuando Peña ya era accionista.
En la denuncia señalan que la “ausencia de explicaciones claras sobre la procedencia de los aumentos patrimoniales plantea serias dudas sobre la congruencia entre ingresos declarados y patrimonio acumulado”, por lo que consideran que existe un “posible escenario de análisis” a la luz de la legislación penal.
También aparece Roberto Moreno Rodríguez, señalado en la denuncia como uno de los accionistas que participó en la misma emisión de acciones Preferidas Clase K de Credicentro en marzo de 2019. Moreno Rodríguez adquirió acciones en esta emisión por un monto de G. 918 millones.
Otros nombres relacionados con el entorno político afín de Peña, cómo también su hermano, Francisco Peña Palacios, fueron mencionados en el escrito presentado por los legisladores.