Tras sucesivas dilaciones -7 en total- desde el pasado 12 de agosto, el proyecto de ley de “Protección de Datos Personales en la República del Paraguay” vuelve a figurar hoy en el orden del día de la Cámara de Diputados aunque relegado entre los últimos lugares, lo que hace sospechar que seguirían sin mucho interés en tratarlo.
Las sucesivas postergaciones tienen como punto en común la falta de interés del cartismo en tratar el tema, ya que son blanco de serios cuestionamientos por el bastardeo que realizaron, al introducir el artículo 24, que atenta contra las leyes de transparencia y acceso a información pública.
El proyecto se encuentra en su tercer trámite legislativo, por lo que la Cámara Baja en esta etapa ya solo puede ratificarse en su versión (la más nociva) o aceptar las modificaciones hechas en Senado.
Ambas versiones son atentatorias contra la transparencia, ya que dan la potestad a cualquier funcionario público a que se oponga a que se provean datos públicos que supuestamente le atañen.
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La versión Senado es considerada el “mal menor”, puesto que al menos mantiene lo referente a transparencia activa, es decir, la obligación de instituciones estatales a publicar automáticamente informaciones básicas, como ser los salarios y beneficios de sus funcionarios, los viajes de los legisladores, acuerdos y convenios, entre otros.
De no definirse de vuelta hoy, el proyecto entrará en su último mes de tratamiento, puesto que tiene fecha de sanción automática el próximo 8 de noviembre.
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Para ratificarse en su versión, la Cámara de Diputados necesita de mayoría absoluta (41 votos). De no conseguirlo, el proyecto quedará sancionado en la versión Cámara Alta.
Si consiguen los votos para imponer la versión más nefasta, el proyecto volverá al Senado que es el que deberá definir. En el caso de que consigan mayoría absoluta (23 votos en su caso) sancionarán su versión, sino de los contrario se impondrá la de Diputados.