Los jueces; Silvana Luraghi, Claudia Criscioni y Gustavo Amarilla, integrantes del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, se declararon incompetentes para atender la nueva imputación contra la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) por presunto daño patrimonial en la Municipalidad de Valenzuela (Cordillera).
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Según la resolución del Tribunal la imputación que hizo la fiscal Betti Brítez, de Piribebuy, a Mirtha Fernández y otras cinco personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso y declaración falsa fue por G. 300 millones de supuesto daño patrimonial.
Sin embargo, para que un Tribunal especializado en Delitos Económicos pueda atender la causa, la suma de presunto daño patrimonial debe rondar aproximadamente G. 613.261.000.
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La causa penal tuvo su inicio en Piribebuy, el 9 de setiembre pasado, fue recibido por la jueza Penal de Garantías de Cordillera Silvia Cáceres Riveros, quien tuvo por recibida la imputación e iniciado el procedimiento penal.
Sin embargo, en esta instancia, con la declaración de incompetencia del Tribunal de Apelación, el proceso debe estar a cargo y ser atendido en el fuero penal ordinario.
El acta de imputación refiere un supuesto perjuicio patrimonial de Gs. 299.231.000 durante la gestión de Mirtha Fernández del 2022.
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Según la imputación, el perjuicio patrimonial ocasionado a la municipalidad fue debido a los pagos realizados con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por obras de construcción que, presuntamente, no se habrían ejecutado.
Para justificar los pagos, se habrían utilizado documentos con contenido falso.
Con libertad ambulatoria
La intendenta liberal está acusada por lesión de confianza en una causa anterior por un presunto daño patrimonial de G. 1.999 millones durante su gestión 2019. Luego de múltiples chicanas, un juez ordenó su detención y esposada se presentó a su audiencia preliminar recientemente.
La causa fue elevada a juicio oral y Mirtha Fernández, tras estar con prisión domiciliaria por dos semanas, fue beneficiada con libertad ambulatoria mientras espera su enjuiciamiento.