El presidente Santiago Peña, Leticia Ocampos y familiares, están sujetos a controles financieros estrictos debido a su estatus de Personas Expuestas Políticamente (PEP) según se indica en normativas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad),
Aspectos clave
La Resolución Seprelad N° 50/2019, que aprueba el reglamento de Identificación de PEP, en su artículo 4, establece que son PEP el funcionario público que se desempeña o se ha desempeñado como Presidente de la República; Ministro del Poder Ejecutivo o como candidato de partidos políticos a nivel nacional, departamental y municipal, entre otros cargos. Sus parientes en línea ascendente, descendente, colateral, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad también son PEP.
Para las entidades financieras y sujetos obligados (SO) que operan con estas personas, se requiere aplicar medidas de diligencia debida ampliada.
Según sus DD.JJ., Peña contaba con cuentas en el Banco Basa, donde era directivo, y ueno Holding Saeca, sociedad donde era accionista. Ambas entidades son SO y debieron establecer controles.
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Las Resoluciones Seprelad N° 70/2019 y 71/2019 con relación a sujetos supervisados indican que bajo el régimen ampliado para PEP, los sujetos obligados deben recabar información adicional, incluyendo documentación que demuestre el volumen de ingresos, considerando los parámetros utilizados para la elaboración del perfil transaccional del cliente, además de declaración jurada del origen de dinero o bienes. Incluso, las normativas confirman que el control de operaciones se extiende hasta 2 años después de ser considerado PEP.
La resolución N° 70, en su anexo, indica como señal de alerta cuando el cliente “realiza constantemente operaciones y de manera inusual o pretende utilizar dinero en efectivo como único medio de pago en lugar de otros”.
Agrega que también son señales cuando “realiza frecuentes operaciones por grandes sumas de dinero (depósitos, retiros y compras de instrumentos monetarios, entre otros) y se niega o evita dar información sobre el origen y/o destino del dinero o estas operaciones no guardan relación con su actividad económica”.
Atendiendo a que Peña fue director del Banco Basa entre 2018 y 2021, la norma señala que también son señales de alerta de funcionarios de los SO cuando “el estilo de vida del funcionario no corresponde a sus ingresos o existe un cambio notable e inesperado de su situación económica”.
Denuncia en la Fiscalía
Un grupo de legisladores presentó una denuncia penal ante la Fiscalía exigiendo la investigación de supuestos hechos punibles, entre ellos enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La denuncia señala que el patrimonio neto de Peña ascendió a G. 23.024.303.342 al asumir la Presidencia el 31 de agosto de 2023, lo que representó un incremento de más del 1.603% respecto a lo declarado en 2014.
Además, la denuncia destaca que entre julio de 2022 y agosto de 2023, Peña multiplicó sus acciones en ueno Holding Saeca, pasando de 1.500 a 6.144 acciones de idéntico valor nominal.
Este incremento se dio en 13 meses sin que el Presidente ejerciera cargo público o privado alguno en ese periodo y mientras ya era candidato electoral.
Además mencionan la denuncia de la exfuncionaria presidencial Luz Candado, quien señaló la aparición de paquetes con US$ 200.000 en efectivo en el quincho de Mburuvicha Róga.
La aparición de audios atribuidos a la primera dama confirmarían el manejo habitual de sobres e incluso bolsas con dinero en efectivo, el cual se habría utilizado para pagos en tiendas, a veces facturados a nombre de terceros, como el cuñado o la hermana de Ocampos.
Factor de alto riesgo
Al respecto, la extitular de Seprelad Carmen Pereira dijo que el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo y en moneda extranjera es considerado un factor de alto riesgo, ya que escapa al control bancario y complica la trazabilidad.