En un momento en que la ciudadanía exige mayor apertura y control institucional, el cartismo impulsa un proyecto de ley que representa un retroceso en materia de transparencia judicial: volver al voto secreto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta, presentada por los cartistas Natalicio Chase, Silvio “Beto” Ovelar y el liberocartista Édgar López, busca modificar el artículo 8º de la Ley Nº 609/1995 y derogar la Ley Nº 7058/2023, la norma que desde el año pasado obliga a los ministros de la Corte a votar de forma nominal y a viva voz en la elección de su presidente y en la designación de circunscripciones judiciales.
La iniciativa, respaldada por el bloque cartista y sectores aliados, fue presentada como una “corrección técnica”, pero en los hechos reinstauraría el secretismo institucional.
Lea más: Ejecutivo promulga ley que elimina el voto secreto y los “feudos” de la Corte Suprema
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En 2023, el entonces senador Pedro Santa Cruz (ex-PDP) había impulsado la ley que permitió conocer cómo vota cada ministro, una medida celebrada por organizaciones civiles y juristas como un avance hacia la transparencia en la administración de justicia.
El nuevo proyecto apunta directamente contra esa conquista. Pretende que las elecciones internas de la Corte —para presidente, salas y circunscripciones— vuelvan a realizarse a puertas cerradas y con voto secreto, como en los tiempos en que las decisiones del Poder Judicial quedaban envueltas en sombras y acuerdos de poder.
La Corte en el centro del tablero político
La maniobra legislativa se da justo cuando el pleno de la Corte Suprema debe definir la acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya González, expulsada del Senado el 14 de febrero de 2024 por una mayoría cartista y sus aliados.
El caso González representa un hito político: su expulsión fue ampliamente criticada como una “venganza política” y una violación al mandato popular. Hoy, la misma mayoría que la destituyó busca influir en la estructura interna de la Corte que debe resolver su caso.
El 10 de abril de este año, el Senado, por pedido del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún, decidió aplazar sine die el tratamiento del proyecto, argumentando que esperarán “el parecer de los miembros de la Corte Suprema”.
Ese “aplazamiento indefinido” mantuvo viva la propuesta, lista para ser reactivada en cualquier momento, cuando el escenario político sea propicio, como lo es en este momento.
Los argumentos de los proyectistas
En la exposición de motivos, los autores del proyecto alegan que el voto a viva voz “no es la fórmula idónea” para decisiones tan relevantes y que el voto secreto sería más coherente con el principio del sufragio consagrado en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que establece que el voto debe ser “universal, libre, directo, igual y secreto”.
Sin embargo, los críticos recuerdan que esa norma constitucional se refiere al sufragio ciudadano, no a decisiones internas de magistrados dentro del Poder Judicial.
Lea más: Senado sanciona ley que termina con el “voto secreto” en la Corte
La ley vigente no regula elecciones políticas, sino procesos institucionales donde la publicidad del voto garantiza rendición de cuentas. En otras palabras, no se trata de proteger la intimidad del voto, sino de asegurar la transparencia del poder.
Un retroceso en tiempos de transparencia y el caso Kattya
Si el proyecto prospera, la ciudadanía dejará de saber cómo votan los ministros de la Corte en decisiones clave. El voto secreto permitiría acuerdos de poder ocultos, presiones políticas y reparto de feudos judiciales sin ningún control público.
Volver al secreto equivaldría a debilitar la independencia judicial, al eliminar la visibilidad sobre cómo se eligen las autoridades internas. Además, el cambio chocaría con las tendencias internacionales que impulsan justicias abiertas, accesibles y fiscalizables, pilares de los sistemas democráticos modernos.
La sincronía entre este intento de modificar la ley y el inminente fallo sobre Kattya González no pasa desapercibida ya que el cartismo busca reconstruir su control total sobre la Corte Suprema, no solo a través de designaciones, sino también del modo en que los ministros toman y ocultan sus decisiones.
Lea más: Analizan proyecto de rotación obligatoria para los ministros en las superintendencias
En tiempos donde los ciudadanos reclaman instituciones abiertas, el voto secreto en la Corte Suprema sería un salto atrás hacia la impunidad. La Corte no solo debe fallar en derecho, sino también en coherencia con los valores democráticos que dice defender.
El proyecto cartista es más que una modificación técnica: es un intento de apagar la luz de un bastión que debería permanecer transparente.