La reglamentación de la denominada Ley “Anti-ONG” por parte del presidente Santiago Peña fue muy cuestionada no solo por los afectados, sino también por los sectores que promovieron la normativa para fiscalizar a las Organizaciones Sin Fines de Lucro. Valeria Insfrán, presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, calificó el proceso como una “bofetada” a la base que votó por el mandatario.
Insfrán señaló que la responsabilidad fue delegada al Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP), que está integrada por “cabezas más grandes, de las ONG más grandes, y más influyentes en Paraguay”. Consideró que el presidente Peña “sencillamente lo que hizo fue delegarle al ratón el cuidado del queso”.
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La titular de la Red Ciudadana señaló que el Ejecutivo “nunca quiso que existiera esta ley,” y que, con esta acción, intentó hacer “la vista gorda a este tema”, a pesar de la presión del Poder Legislativo que promovió el proyecto
Sanciones "<i>Superlight"</i>
Insfrán aseveró además que el proyecto de ley al principio “buscaba un control más estricto”, pero fue debilitado durante su trámite. “El proyecto de ley aprobado en Senadores era bastante más exigente. Va a Cámara de Diputados y ahí el Ejecutivo ya operó para suavizar”, declaró en ABC Cardinal.
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“El resultado final fue una versión con sanciones “superlight, suave, suave”. Además, señaló que a eso se sumó la demora de “prácticamente un mes o más de un mes” que el presidente Peña tardó en promulgar la ley después de su sanción.
Protección a ONGs afines el Gobierno
Cuestionó además el artículo 7 del reglamento, que según ella condicionó la asignación de recursos públicos a la alineación de las ONG con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2050.
Indicó que el ENEP estuvo detrás de la redacción de ambos documentos y ve una intención de filtrar y favorecer a las ONGs que promueven las “políticas transversales que impone el globalismo”.
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La conclusión de Insfrán fue que la ley, en realidad, buscaría acogotar a aquellas ONG que tal vez no se adecúan a la política de Estado que quiere implementar el Gobierno, mientras protege a las que sí estaban alineadas.
Así también, criticó el artículo 14, que según ella “transfiere la obligación de transparencia a las propias ONG”.
“Lo que les exige es que publiquen en sus sitios web información semestral en datos abiertos, pero no centraliza. La ley original permite la publicación centralizada en un portal estatal que debe ser obligatorio, pero este decreto omite eso y elimina esta alternativa que debería ser obligatoria. Y entonces se está incumpliendo el espíritu, incluso se está incumpliendo el espíritu de la ley de acceso a la información pública”, señaló.
Una “bofetada” al electorado de Peña
En otro momento, Insfrán enfatizó que este manejo fue un acto de mala fe hacia los electores, citando la promesa de campaña de Peña sobre la protección de la familia.
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“Yo percibo que a pesar de los vientos de cambio de la geopolítica en contra del globalismo, nosotros estamos teniendo una reglamentación prácticamente que deja sin control, el control que se estaba buscando realmente por seguridad nacional y por intereses nacionales a las famosas organizaciones sin fines de lucro”, manifestó.
Agregó además que desde su organización ven “bofetada tras bofetada (por parte de Peña), sobre todo a su base electoral”. En ese contexto, criticó el nombramiento de Luis Ramírez como ministro de Educación, quien según Isnfrán tenía “graves conflictos de intereses” por provenir directamente del “caracú de las ONGs” y haber trabajado en el equipo consultor de la criticada Transformación Educativa.
Insfrán también aseguró que la reglamentación centraliza en el Ministerio de Economía la facultad de pedir información. “¿Qué es esto? Es un filtro político entre el ciudadano y los datos públicos. O sea, estamos teniendo una regresión sobre nuestra propia Ley de Transparencia", sentenció.