La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR–HC), dictaminó ayer por mayoría la aprobación de una reprogramación de G. 331.000 millones para el Ministerio de Salud Pública.
El dinero se destinará al pago de salarios y aguinaldos de 21.888 funcionarios, incluidos los 3.400 trabajadores de los hospitales de Coronel Oviedo y del Sur. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en Diputados, busca evitar el colapso administrativo del sistema de salud antes de fin de año.
“La situación es insalvable, no hay otro camino que aprobar este proyecto”, sostuvo el senador Natalicio Chase (ANR–HC), quien pidió votar a favor de la reprogramación presupuestaria.
Sin embargo, la sesión se convirtió en un fuerte intercambio entre la ministra y senadores colorados y de la oposición, que aprovecharon el debate para cuestionar el rumbo de la política sanitaria del Gobierno.
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Críticas por las tercerizaciones de servicios médicos
El senador Líder Amarilla (PLRA) lanzó duras críticas a las tercerizaciones en hospitales públicos, especialmente en el Hospital de Calle’i de San Lorenzo y en los centros médicos de Coronel Oviedo y del Sur.
Afirmó que el Ministerio paga precios “hasta cinco veces superiores” a los del mercado por estudios como radiografías y ecocardiografías.
“Una ecocardiografía cuesta G. 300.000 en el sector privado, pero el Ministerio paga G. 440.000. Si contratáramos un cardiólogo con rubro propio, cada estudio saldría G. 42.000. Estamos entregando la salud pública al sector privado”, denunció Amarilla.
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La ministra María Teresa Barán defendió el modelo, asegurando que los precios “son referenciales del mercado” y que las empresas contratadas se encargan de instalar el equipamiento, proveer personal y cubrir mantenimiento.
“Estamos brindando servicios de alta complejidad que antes no podíamos ofrecer. Más de 250.000 personas se benefician hoy con estudios que antes implicaban un gasto enorme de bolsillo”, respondió Barán.
“Hay una mafia médica”, denunció Celeste Amarilla
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) fue más allá y habló de una “mafia” dentro del sistema de salud: “Médicos derivan a pacientes al frente, a clínicas privadas, con el argumento de que los equipos públicos no funcionan. Después piden dinero para estudios. Esa es la mayor cantidad de denuncias que recibo de Central”, afirmó.
El liberocartista Dionisio Amarilla apuntó a las presuntas irregularidades en los concursos para las Unidades de Salud Familiar (USF). Dijo que “las puntuaciones no condicen con los méritos reales” y pidió “especial cuidado” en los procesos.
La ministra Barán garantizó transparencia y recordó que existe “un periodo de tachas y reclamos donde se corrigen los errores si los hay”. “Es un concurso público y abierto. Si hay denuncias concretas, se evalúa caso por caso”, afirmó la titular de Salud.
Caso Jesús Irrazábal: ¿relevo técnico o persecución política?
La senadora Esperanza Martínez (PPC), exministra de Salud, cuestionó la destitución del doctor Jesús Irrazábal, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Nacional de Itauguá, conocido por sus críticas al sistema. “Irrazábal es un excelente profesional. Espero que su cambio no sea una persecución política”, expresó al consultar a la ministra por el cambio.
Barán negó cualquier represalia y explicó que el cambio responde a un criterio técnico. “Necesitamos un médico especialista en emergencias pediátricas para habilitar residencias en esa área. El doctor Irrazábal seguirá en el hospital, en sala”, respondió.
El cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón pidió auditorías permanentes en los hospitales y mayor control sobre los directores regionales. “No llegan los medicamentos, y los gerenciadores son los directores. Se deben revisar los concursos y garantizar transparencia”, dijo.
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Por su parte, el disidente Derlis Osorio (ANR, aliado cartista) coincidió en que es necesario aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud, señalando que la demanda hospitalaria “creció enormemente” en el departamento Central.
La ministra Barán reconoció que 32.000 contratados forman parte del plantel del Ministerio, de los cuales 12.000 están en condiciones de ser nombrados.
Mientras tanto, el Senado promete volver a citar a la ministra para analizar “el día a día del Ministerio”, en medio de un creciente clamor por transparencia y eficiencia en el manejo de la salud pública.