El 2 de julio de este año, Gustavo Gamarra bajo patrocinio de los abogados José Domingo Almada y Raúl Peralta presentaron ante la Fiscalía una denuncia por los supuestos hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, evasión de impuestos y denuncia falsa. En el escrito se relataba que las conductas en cuestión salpicaban en forma directa al Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez.
El escrito mencionaba que todo el caso giraba en torno a una compra-venta de acciones de la empresa Electroban Saeca. Según el denunciante, el citado conglomerado -que hasta abril de este año era socio del presidente de la República, Santiago Peña en ueno Holding Saeca- negoció en el año 2022 las acciones de esa compañía sin que aún sean efectivamente de su propiedad.
Lo sugestivo es que en un poco más de tres meses y aún con diligencias clave pendientes, el fiscal de la barrial N° 2, Federico Leguizamón, presentó el 27 de octubre último ante la jueza Clara Ruiz Díaz un pedido de desestimación de la grave denuncia.
Apresuramiento llamativo
El abogado José Almada señaló que llama la atención la apresurada solicitud del Ministerio Público en torno a esta denuncia. Dijo que existen pedidos de diligencias realizadas desde el momento de la presentación de la denuncia que aún no tuvieron respuesta, pese a reiteraciones arrimadas el 22 y el 27 de octubre pasados.
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Para nosotros son fundamentales algunos documentos, como el documento por el cual el Grupo Vázquez logró el traspaso de esas acciones de parte de Gustavo Gamarra, precisó. ¿Dónde está la factura de esa operación?, preguntó.
Efectivamente, el pedido de desestimación del fiscal Leguizamón no hace mención alguna a la forma en la cual el citado conglomerado empresarial logró tener la posesión de las acciones de Electroban para así negociarlas con la empresa New Life Internacional SA.
¿Cómo hicieron para vender siendo que mi cliente tenía aún bajo resguardo esas acciones?, preguntó Almada al momento de señalar que nada de eso se describe en el documento de desestimación presentado por el fiscal Federico Leguizamón.
El origen de todo
La denuncia de Gustavo Gamarra arranca con el relato de cómo había sido el contrato del 15 de abril de 2021 por el Grupo Vázquez SAE, presidido ahora por Federico Miguel Vázquez, para la compra de acciones de Electroban. Para esa operación se estableció un precio de US$ 500.000 (divididos en tres cheques: US$ 250.000 a la vista y dos por US$ 125.000 cada uno, con fechas diferidas al 29 de marzo de 2022 y 29 de marzo de 2023, respectivamente).
Gamarra relató en su escrito que cumplió con su parte del trato: comprar las acciones a su nombre y poner luego a disposición del citado conglomerado empresarial. Sin embargo, este último fue el que no habría cumplido con la prestación contractual, que era un pago único en acciones por G. 2.200 millones en Electroban Saeca, además de un pago mensual de G. 45 millones, por cinco años como parte de la nueva directiva de la compañía adquirida.
El Grupo Vázquez, según los denunciantes, antes de cumplir con esa parte del contrato prefirió presentar una denuncia penal contra Gamarra por la supuesta apropiación de las acciones el 11 de mayo de 2022. Lo contradictorio es que el grupo empresarial en cuestión ya negoció esas acciones el 29 de abril de 2022, es decir 13 días antes a la empresa New Life Internacional SA, representada por Ivo Arraes de Oliveira.
El precio de venta de los títulos fue de US$ 4,5 millones. Es decir, nueve veces más que el valor inicial.
El fiscal Leguizamón dice en su desestimación que esa operación quedó sin efecto en abril de este año, en otras palabras recién tres años después.
Sugestivos apoyos de la Justicia
No es la primera vez que Gustavo Gamarra sufre el revés de la Justicia en sus planteamientos. Uno de los más recordados es la medida civil de prohibición de innovar y contratar que otorgó en ¡55 segundos! la jueza Karen González Orrego –esposa del cartista Jorge Bogarín– contra Gamarra y en beneficio del Grupo Vázquez SAE. Otra intervención bastante sugestiva es del fiscal Aldo Cantero en el que acompañó un pedido del conglomerado de embargo ejecutivo contra Gustavo Gamarra en el marco del proceso que le abrieron por supuesta apropiación.