Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron imputación sobre supuesto lavado de dinero con relación a la constitución de títulos financieros en el Banco Atlas por parte del fallecido presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz Almirón.
Esto pese a que la Superintendencia de Bancos (SIB), tras una verificación, concluyó en un informe que la entidad financiera cumplió con las obligaciones normativas, según cuestiona el representante legal del Banco Atlas S.A., Rodrigo Yódice.
El abogado esta mañana calificó de “un disparate mayúsculo” las opiniones que sostienen que la diligencia de control fue deficiente y debió ser especial, considerando que Leoz era una persona investigada en los Estados Unidos, en el marco del caso denominado FIFAGate,
“La debida diligencia ampliada se realizó por parte del Banco Atlas. De hecho, hay constituciones de funcionarios en las sedes de las actividades comerciales que desarrollaba Leoz”, apuntó.
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Fiscalía usurpa funciones de la SIB
También resaltó que la Fiscalía está usurpando funciones al cuestionar un informe elaborado por la Superintendencia de Bancos respecto al control de las operaciones comerciales entre Banco Atlas y Leoz Almirón.
“Estoy convencido de eso: usurpación de funciones públicas, porque ahora resulta que la Fiscalía es el intérprete de lo que está bien o mal sobre lo que realiza un organismo que por ley tiene la potestad de supervisar, fiscalizar y controlar las actividades de las entidades financieras”, destacó.
No pueden calificar de bueno o malo
El abogado consideró que la Fiscalía únicamente debería analizar el dictamen emitido por la Superintendencia de Bancos mediante su informe concluyente.
“Si existen informes de funcionarios especializados que se han constituido en bancos, que han hecho un control de todo el historial económico y financiero de Léoz en el Banco Atlas y concluyen que el banco cumplió con todas las obligaciones inherentes en virtud de las normas de control antilavado de dinero, mi pregunta es: ¿cómo eso es compatible, a la luz del principio de legalidad, con el criterio que sostiene el Ministerio Público, que es el encargado de impulsar una acción penal?“, dijo.
"Ellos (Fiscalía) no podrían calificar de bueno o malo; al contrario, lo que tienen que hacer es juzgar básicamente a partir de ese impedimento que le genera ese informe de la Superintendencia de Bancos”, agregó.
Fiscalía no tiene potestad
Yódice insistió en que el Ministerio Público no tiene la potestad para definir un incumplimiento en materia de trazabilidad de fondos, ya que esa atribución corresponde a la Superintendencia de Bancos.
“¿El Banco Atlas fue sometido a un sumario administrativo por parte del BCP? No lo fue. ¿Y por qué no lo fue? Porque no hubo incumplimiento de normas de procedimiento de lavado de dinero. ¿Quién dice que hay ese incumplimiento? Fiscalía. ¿Tiene la potestad para hacerlo? No la tiene. La Fiscalía es una parte más dentro del proceso penal y, obviamente, no es la panacea ni el oráculo jurídico de cómo interpretar las normas y mucho menos los informes provenientes de las autoridades legítimas que han hecho una labor de control a partir de las prerrogativas que tienen”, expresó.
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Operaciones tienen trazabilidad verificable
El representante legal del Banco Atlas remarcó que las operaciones financieras realizadas por Nicolás Léoz en el Banco Atlas cuentan con trazabilidad verificable.
En ese sentido, refirió que lo que impulsa la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía son “cuestiones extrajurídicas”.
El abogado también indicó que no existe un plazo para que el juez Humberto Otazú se expida sobre el pedido de admisión de la imputación, aunque consideró que el magistrado debe tomarse un tiempo razonable para emitir una resolución fundamentada y no actuar como “pasapapeles”.
“Espero que el magistrado se tome el tiempo necesario para examinar correctamente este tema y que no adopte decisiones casi formularias”, manifestó.