El proyecto de ley del diputado cartista José Domingo “Mino” Adorno, “de reconocimiento como benemérito y que otorga un régimen de compensación a los gestores y combatientes de la gesta libertadora para la democracia del 2 y 3 de febrero del año 1989”, fue reflotado e incluido entre los primeros lugares del orden del día, una vez más justo en puertas de un año electoral, tal como hicieron con los “conscriptos”, con quienes por cierto siguen en deuda.
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Tal como hicieron en 2023 antes de las elecciones generales con la ahora Ley Nº 7081/23 “que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989”, ahora pretenden sumar a unos 784 oficiales y suboficiales, “herederos” y otros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
En este caso, el monto que se plantea de “compensación” es mucho mayor al del grupo de los conscriptos, a los que se acordó otorgar el equivalente a 750 jornales mínimos (unos G. 83.626.500 cada uno en la actualidad), mientras que en este nuevo proyecto la “compensación” sería de 2.500 jornales (G. 278.755.000 para cada beneficiario).
Esto implica que de promulgarse esta compensación, el Estado deberá desembolsar unos G. 218.543.920.000 en total por los 784 beneficiarios que hay en la lista.
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Los más reprochable es que con el plan se pretende comprometer otro millonario monto a costa del contribuyente, siendo que el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) ni siquiera cumplió aún con beneficiarios de la ley vigente, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MIC) no definió de dónde sacarán para pagar el beneficio (fuente de financiamiento).
La ley ya promulgada había sido sancionada por el anterior Congreso el 20 de abril de 2023, cuando faltaban 10 días para las elecciones generales de ese año, y aunque fue vetada totalmente por el entonces presidente Mario Abdo Benítez, posteriormente ambas cámaras del Congreso se ratificaron y levantaron el veto.
Ahora el proyecto de Adorno ni siquiera tiene dictámenes de comisiones y viene siendo postergado desde su presentación en agosto del año pasado, que ahora reflota antes de las municipales del 2026.
Aumento a civiles en Fuerza Pública
Diputados también prevé tratar mañana el proyecto de ley “que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual del personal civil componentes de la Fuerza Pública”, que pretende conceder aumentos salariales progresivos.
Pretenden beneficiar a personal administrativo, médicos, licenciados, arquitectos, abogados, contadores, choferes, albañiles, plomeros, electricistas, cocineros, mozos, remonteros, motosierristas en filas policiales y militares, cuyos salarios irán aumentando según su antigüedad, siendo la máxima 30 años de servicio con 4 salarios mínimos (G. 11.596.192).