Ayer, a las 11:00, se presentó oficialmente en mesa de entrada de la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero para que oficialmente tenga entrada, se requiere de la firma de al menos un diputado.
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Los miembros de la coordinadora consideran que los ministros de la Corte son supuestos cómplices del esquema ilegal. Se refieren a César Diésel (presidente), Carolina Llanes, César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera, Eugenio Giménez, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón, Víctor Ríos y Gustavo Santander.
Pedro Coronel, uno de los coordinadores, atribuyen “complicidad” con los miembros de la “mafia”, a la par de una “indiferencia” hacia el padecimiento de las víctimas.
El documento cuenta con 149 páginas con detalles de varios casos a modo de ejemplo, y donde se atribuyen como causal de juicio el mal desempeño de funciones, falta de aplicación y desconocimiento de la Constitución, violación a los derechos humanos, entre otros.
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Previamente, también hicieron un intenso “lobby” con legisladores de todos los partidos, entre ellos, con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado cartista José Rodríguez, quien se limitó a plantear una “mesa de trabajo” con el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto “Ilo” Moreno, y con representantes de la Corte.
De un microondas a deuda de G. 3.000 millones
En dicha comisión se expresaron relatos desgarradores como el de la docente y víctima del esquema, Liz Prieto Rejala, una funcionaria que en 2016 adquirió un crédito de G. 1.000.000 más un microondas y la “mafia” ahora requiere una supuesta deuda de más de G. 3.000 millones.
“Yo quiero llevar también algo a mi heladera. Yo también quiero estar mejor”, imploró la mujer a quien los descuentos automáticos le dejan al mes solo G. 1.600.000 para mantener a sus dos hijos, y ayudar a sus padres enfermos (su papá con cáncer avanzado).
“¿Qué le digo a mi hijo? ‘Hijo, mirá, yo tengo embargo, no te voy a poder dar de comer’. Mi papá está con cáncer de pulmón, etapa terminal, mi mamá cardíaca y soy la única que estudié. Lo que más me duele es eso”, relató.
Finalmente, dijo que “necesitamos que se revierta esto. ¿De dónde voy a sacar 3.000 millones de guaraníes? Ya pagué todo. Ya cancelé G. 78 millones“, insistió.
También hubo otros casos como el de Vicenta Vera en el que directamente le inventaron un deuda que ahora asciende a G. 80 millones, sin que se sepa quién ni en qué concepto. Abundan casos como este, incluso con firmas claramente falsificadas.
No habría votos
Uno de los vicelíderes de la bancada cartista, Yamil Esgaib, ya fue contundente en que mandarían al muere.
“Yo creo que deben haber pruebas más contundentes y fehacientes sobre el tema. No porque la gente desconfíe nomás (de los ministros de la Corte Suprema de Justicia) hay que llevar adelante un juicio político, no corresponde, yo creo que vamos a rechazar”, adelantó ayer el legislador oficialista.
Para empezar, las víctimas deben encontrar al menos una firma de un legislador que impulse oficialmente el juicio político y luego necesitarán de mayoría de dos tercios (de los presentes), es decir, 53 votos de estar los 80 diputados para aprobar el libelo acusatorio y defender ante el Senado las eventuales causales de juicio político.
En Senado, la exigencia aumenta, ya que se exige de mayoría absoluta de dos tercios (30 votos si o si, sin importar el número de presentes) si es que pretenden destituir a los ministros.
Hay más de 17.000 víctimas
La “mafia de los pagarés” es un presunto esquema de asociación criminal investigado por la Justicia e integrado por empresas de cobros de deudas, abogados particulares y funcionarios judiciales (jueces, actuarios, ujieres y otros) que promovían procesos de cobro judicial a más de 17.000 víctimas.
Las deudas eran infladas de manera sideral e ilegal, ejecutando pagarés ya cancelados. Los mismos documentos usaban en varios juzgados a la vez y los descuentos automáticos siguen aún.