El juez Otazú resolvió no hacer lugar a las excepciones de incompetencia planteadas por los procesados Patricia Corvalán, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín y Ruht Mercedes Medina. Sin embargo, otro de los acusados en la misma causa volvió a chicanear la decisión del juez. Se trata de Andrés Arrúa Brítez, quien presentó un recurso de apelación especial.
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Trece son los acusados que se turnan para presentar diferentes trabas al proceso y con eso evitan que la causa por lesión de confianza y administración en provecho propio por una supuesta “tragada” de G. 1.100 millones sea elevada a juicio oral.
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La dilación lleva once meses, pues el fiscal Anticorrupción Silvio Corbeta presentó acusación contra los trece en diciembre de 2024.
El diputado Esteban Samaniego, en cuya gestión como intendente ocurrió el supuesto daño patrimonial, sigue sin ser acusado, pues se blinda en sus fueros parlamentarios para evitar subir al banquillo de los acusados.