Luego de un parate obligado, precisamente por la amenaza de paro del servicio del transporte público de parte de los choferes de buses, la Cámara de Diputados reflotó e incluyó en su orden del día el proyecto de Ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT), relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.
De vuelta la aplanadora cartista amenaza el tratamiento exprés, pese a que ni siquiera cuenta aún con dictámenes.
Extraoficialmente, se informó que recién el lunes 17, en víspera a la sesión, se finiquitaría el dictamen de la Comisión de Legislación, por lo que se desconocen las modificaciones que serían propuestas.
Desde la primera y única audiencia pública, realizada en Diputados el pasado 2 de octubre, no hubo más debate sobre este proyecto, que tuvo cuestionamiento de todos los sectores, tanto de los choferes sobre el régimen laboral, posturas divididas de los gremios de empresarios del transporte público y de los usuarios.
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Entre otros aspectos que se cuestionaban del proyecto del Ejecutivo, que ya tiene media sanción del Senado, los choferes temen que, por ejemplo, el artículo 39 atente contra derechos laborales, como es la consideración de la antigüedad, ya que, tal como está planteada la propuesta, en el caso de que una empresa sea absorbida por una nueva, existe la posibilidad de que los choferes no sean recontratados y se desconozcan derechos, como la estabilidad.
Otro punto controvertido para choferes y transportistas -alegando el derecho a la huelga- es que se pretende establecer el servicio de transporte público como un “servicio indispensable” y por ende, prohibir medidas como el paro total que afecte a los usuarios.
Finalmente, otro de los tantos aspectos objetados es el de los plazos de concesiones de itinerarios, donde el Gobierno plantea que sean de 15 a 20 años, “para atraer inversores”.