El 18 de marzo de 2022 una comitiva integrada por funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), efectivos de la Policía Nacional y del Juzgado de Paz de Carmelo Peralta, además de empleados de la empresa Tecnoedil, parte del consorcio adjudicado para la construcción del futuro puente del Corredor Bioceánico, se constituyeron en los lotes identificados con los padrones 311, 312, 316 y 317 para la liberación de espacios para el avance de la obra. Lo cierto es que, según el acta labrada en esa ocasión, los terrenos fiscales formaban UNO solo y tenía alambrados con el cartel identificatorio de “Propiedad Privada, Prohibido Pasar”.
La documentación detalla que se encontraron en el inmueble dos portones, uno de madera y otro tipo sombra, y dentro del lote no se observaban cultivos ni explotación como tampoco “ocupación efectiva”. “Sin embargo, una vez advertida nuestra presencia, se presentó el señor Sebastián Spencer, quien menciona ser el cuidador del lote”, señala el acta.
Según el acta, luego de eso se procedió a la apertura del lote a fin de dar cumplimiento a la resolución del Indert del 17 de marzo de 2022 por la cual se procede a la medición y limpieza para la apertura del camino a ser utilizado por las maquinarias y camiones de la empresa adjudicada para la construcción del puente internacional del Corredor Bioceánico.
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Cúmulo de contradicciones
La aparición del “cuidador” Sebastián Spencer en ese documento deja al descubierto las contradicciones sobre cuál era o es la situación real de los lotes fiscales ubicados en las cercanías del futuro puente internacional del Corredor Bioceánico. Spencer, de acuerdo a los antecedentes periodísticos, es un piloto brasileño vinculado en reiteradas ocasiones con redes del narcotráfico.
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Una publicación de diario digital Opinión de Bolivia del 15 de diciembre de 2012, por ejemplo, señalaba que Spencer cayó en reiteradas ocasiones con droga y estuvo detenido en ese país, pero salió de la cárcel con medidas sustitutivas. Según las autoridades bolivianas de esa época, Spencer era considerado como el supuesto responsable de articular un puente aéreo para el transporte de droga entre Perú, Bolivia y Brasil, añadía.
El punto más sugestivo es que Spencer se presentó como cuidador, mientras que en el Indert existían gestiones tanto de Marlene Aracely Oviedo Rodríguez como de Adolfo Ehreke Irrazábal sobre los mismos lotes como supuestos ocupantes. La primera (con 19 años) presentó su pedido el 23 de setiembre de 2020 para quedarse con 60 hectáreas del Padrón 311, mientras que el segundo, el 16 de julio de 2020 para quedarse con 29 hectáreas fiscales del Padrón 312, respectivamente.
Ehreke Irrazábal aparece como el segundo interesado luego de una persona identificada como Iris Arely García Trinidad. En tanto, que antes de Marlene Oviedo existió otra persona que dijo ocupar los terrenos fiscales y está identificada como Wanessa Rosatti Spencer, casualmente, sería hija de Sebastián Spencer.
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El pedido de Rosatti Spencer tiene fecha 3 de diciembre de 2010.
Lo cierto es que todos estos antecedentes están adjuntos a las carpetas existentes en el Indert e incluso estuvieron a la vista del actual titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, según revela el historial de movimiento de los expedientes 6469/2010 y 13825/2020.
Lo curioso es que Ruiz Díaz resolvió en tiempo récord –en el caso de Ehreke– dejar sin efecto una resolución de 2021 y despojar de 12 hectáreas a Aduanas y entregarle las 29 hectáreas, pese a una decisión judicial que favorecía al Indert. En el caso de Oviedo Rodríguez, en tanto, se despojó de 40 hectáreas a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) para favorecer a la joven de 24 años. La madre de esta última, Alba Rodríguez, también fue beneficiada por Ruiz Díaz con 2,7 hectáreas de tierra fiscal en la zona.
Las tres adjudicaciones se hicieron en el marco de la reforma agraria y a precios irrisorios de G. 585.000/ha.