El abogado Ezequiel Santagada denunció públicamente que la Procuraduría General de la República (PGR) participa en procesos judiciales sin contar con un procurador general designado por decreto presidencial, como exige la Constitución.
Según explicó, la institución está representada por Rubén Eligio Gaona, quien actúa como “encargado de despacho” pese a que, legalmente, esa figura solo puede ser utilizada para cubrir vacancias temporales y no una acefalía permanente.
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El conflicto estalló tras un juicio de amparo promovido por Hugo Portillo, quien reclama el acceso a las planillas de ingreso y salida de visitantes de Mburuvichá Roga. Gaona se presentó como parte en el expediente y la jueza reconoció su personería. La defensa de Portillo, integrada por Santagada y Federico Legal, solicitó la reposición y pidió anular esa decisión por considerarla ilegal.
“La defensa del Estado está flojita de papeles”
Santagada sostuvo que la resolución que aceptó a Gaona como representante es nula porque su designación también lo sería. “El Estado paraguayo hoy está flojito de papeles por la inexplicable omisión del Presidente de nombrar a un procurador general, como manda el artículo 245”, afirmó.
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Cabe recordar que el exprocurador Marco Aurelio González, un día antes de renunciar y pasar a ser miembro del Banco Central, emitió una resolución que nombró a Gaona como encargado de despacho por tiempo indefinido.
La normativa exige lo contrario: temporalidad estricta y solo para cubrir ausencias breves del titular. Al renunciar González, se generó una vacancia permanente que no puede ser llenada con un interinato.
La reposición presentada por Santagada busca que el juzgado revoque la providencia del 1 de diciembre que reconoció la personería de Gaona y que se lo excluya del proceso hasta que exista un titular designado conforme a la Constitución.
La omisión del Ejecutivo de nombrar al procurador general abre un flanco jurídico que puede comprometer la defensa del Estado en múltiples causas. Además, habilita cuestionamientos contra cada actuación firmada por un funcionario cuya designación, sostienen los abogados, es “abiertamente ilegal y nula de nulidad absoluta”.