La apelación se da contra la desestimación de la denuncia presentada por el exministro del Interior y extitular de la Secretaría de Prevención de lavado de Bienes y activos (Seprelad), Arnaldo Giuzzio por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y evasión impositiva en en el marco de la causa conocida como “Panamá Papers”, que fue admitida el pasado 17 de octubre por juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia a solicitud de los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor.
La apelación se sustenta en que tanto la Fiscalía como el juez incurrieron en:
- Evaluación errónea y sesgada de los elementos de prueba recolectados.
- Tomaron como ciertas sin más las justificaciones de facturas de Tabesa a Sarah Cartes (hermana del expresidente), a Unicanal y la Fundación que lleva el nombre de su padre.
- Análisis poco riguroso de los tipos penales vinculados a delitos económicos.
- Fiscalizaciones de la entonces SET (ahora DNIT) a clientes de TABESA y no a la tabacalera en sí
- Violación del principio de objetividad y legalidad
- Inexistencia de resolución fundada conforme a derecho respecto al fallo.
La desestimación se había dado incluso con ayuda de la Contraloría General de la República (CGR), que emitió un informe donde supuestamente había correspondencia sobre los bienes de Cartes, pese a que este había admitido y luego rectificado la omisión de empresas offshore en Panamá como ser Dominicana Acquisition.
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Esto -según la denuncia- ligado a presuntas redes de contrabandos de cigarrillos mediante empresas como Tabacalera del Este S.A (Tabesa), empresa de la cual Cartes tuvo que deshacerse tras las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América que fueron levantadas este año. También fueron denunciadas Palermo S.A. y Agrotabacalera S.A..
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La apelación señala que el fallo del juez Estigarribia a favor de Cartes fue “siguiendo la misma línea investigativa encauzada por los representantes del Ministerio Público” que “obtuvo sesgadamente los elementos de prueba recolectados en la etapa investigativa y su evaluación fue errónea”.
“No consideraron en un contexto lógico las conductas de disfrazar operaciones financieras, tampoco se analizó la emisión de facturas entre sociedades vinculadas por personas físicas y jurídicas, como aquellas emitidas por TABESA a Sarah Cartes, a UNICANAL o a la Fundación RAMÓN TELMO CARTES, padre del investigado”, menciona el escrito.
En la desestimación incluso acusan a la Fiscalía y luego al juez mediante su admisión de llevar la causa hasta con un afán de blanqueo antes que de investigación seria, ya que incluso en los requerimientos a organismos internacionales las preguntas hechas fueron con la “intención deliberada de evitar respuestas comprometedoras”.
Agregan que “otro error de la fiscalía -asimilado por el juez- se dió al momento de analizar los tipos penales vinculados a delitos económicos así como las fiscalizaciones de la entonces SET - hoy DNIT- a clientes de TABESA que evidentemente fueron direccionadas y discriminadas por la institución de control”.
Fallo apuntaría a impunidad, dicen
En otra parte del escrito de apelación, se reprocha que con la admisión de la desestimación por parte del juez Rodrigo Estigarribia se estaría otorgando impunidad al exmandatario, ya que impedirían incluso reabrir la causa si es que más adelante se encuentran nuevos elementos.
El hecho de que el juez “arriba a la misma conclusión que los fiscales requirentes, al considerar que los hechos denunciados no constituyen hecho punible, genera un escenario de impunidad ante hechos muy conocidos y también por evitar que en un futuro pueda reabrirse la investigación si surgen elementos que así lo ameriten”.
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Lo llamativo es que, en su pedido de desestimación, la Fiscalía admite que hay evidencias de contrabando, pero alega no poder vincular estos hechos con las empresas denunciadas
Otro elemento que consideran grave y que sustentaría el dar trámite a la apelación es que, en todo momento, tanto la Fiscalía como el juez intentaron presentar el caso como un “ataque mediático” a Cartes, sin siquiera analizar los informes de inteligencia de Seprelad y otros elementos objetivos.
El escrito recordó que Estigarribia en varios momentos señaló las denuncias “‘tuvieron su fundamento en prensa negativa’, también hizo referencia que la denuncia se hizo según 'publicaciones mediáticas y conjeturas personales’, que la ‘La denuncia inicial se sustentó en publicaciones periodísticas y en apreciaciones subjetivas …’ o que la misma solo hizo cuestión a ‘referencias periodísticas y apreciaciones generales sobre eventuales irregularidades’, todas estas frases denotan que ni la fiscalía y menos el juez de control de garantías alcanzó a analizar la denuncia presentada por mi parte y menos evidentemente consideraron los informes financieros de la SEPRELAD”.
Apelación se da tras confirmarse reunión secreta
La presentación de esta acción por parte de Giuzzio se dio justo luego de que ayer el presidente de la República, Santiago Peña confirmara que hace un par de semanas el presidente de la ANR, Horacio Cartes participó de una reunión secreta con seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Es de suponer que este pedido de reconsideración tiene pocas chances de prosperar desde el momento que el propio encausado es partícipe una una reunión con seis de las nueve máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo cargo están los magistrados encargados de evaluar esta solicitud.
Los ministros que participaron fueron el presidente de la Corte, César Diesel Junghanns, y los ministros César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes.
Estos dos últimos (Benítez Riera y Llanes), para más, son parte de la Sala Penal de la Corte.