Filizzola denunció que ueno convocó a sus accionistas a una Asamblea para repartir utilidades, según dijo, en violación al artículo 30 de la Ley General de Bancos (861/96), que impide repartir “ganancias” sin tener la suficiente liquidez, ya que el banco ueno (tras la absorción de Visión Banco) tiene una deuda de “incobrables” que asciende a US$ 300 millones, que ya de manera irregular logró diferir a 20 años.
“Si nosotros le restamos esos US$ 300 millones, no tienen la solvencia necesaria y ahora para colmo, y esto requiere autorización de la Superintendencia de Bancos, van a repartir utilidades- ¿Cómo van a repartir utilidades si tienen ese pasivo?. No pueden repartir utilidades que no existen, o sea, lo que van a repartir es dinero público. Porque están trabajando en gran medida con dinero público”, denunció Filizzola.
El legislador también apuntó que este gobierno ya había favorecido al “banco amigo” acomodando la ley para que pueda fondearse con fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) que ahora están en serio riesgo.
“El IPS no pueden concentrar todos sus depósitos y para más en un banco de 3 años de trayectoria y aparte que carga con una cartera incobrables, dinero que no existe. US$ 300 millones, pero ese dinero no existe, no van a cobrar nunca. Le dieron 20 a 30 años para amortizar, pero eso es pérdida. Se van a repartir ganancias mientras tiene pérdida y están arriesgando los fondos del Estado y de los jubilados”, insistió.
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Alertó que el cartismo podrían generar la “tormenta perfecta” (en cuanto a una catástrofe) y golpear a todos, ya que la deuda pública está a tope, se podría dar un colapso de las Cajas fiscales en 2028 y podrían fundir a IPS.
Otros dos pedidos siguen congelados
Hasta ayer, siguen cajoneados en el escritorio del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado cartista Raúl Latorre, los pedidos de informes relacionados a ueno bank, el “banco amigo” del presidente de la República, Santiago Peña.
El pasado 9 de diciembre Diputados aprobó dos pedidos de informes, uno al Instituto de Previsión Social (IPS) y otro al Banco Central del Paraguay (BCP) vinculados a millonarios fondos de la previsional ubicados en el banco de los exsocios de Peña.
Sin embargo y pese a ser de mero trámite, Latorre hasta ayer aún no había remitido los pedidos de informes a estas instituciones, trámite que es relevante puesto que la notificación establece el plazo de 15 días para que estos respondan.
En el caso del IPS, el requerimiento de información aprobado por el pleno solicitaba que se aclaren los motivos por los cuales la previsional -desde que asumió Peña- volcó enormemente los fondos de los jubilados y aportantes en ueno bank.
El crecimiento fue descomunal, ya que en cerca de dos años, solamente en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) creció un 2.188% y el jueves pasado, IPS autorizó sumar otro US$ 13 millones.
El segundo informe aprobado en la misma fecha y dirigido al BCP, cuyo titular Carlos Carvallo fue presidente de ueno (2021 a 2023) antes de asumir el cargo, pretende indagar sobre llamativos “ingresos” que reporta el banco “amigo” de este gobierno.
Principalmente se pretende saber el porqué ueno reporta apenas un 15% de sus ganancias provenientes de la actividad principal, y el resto de “otros ingresos operativos”.
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Dicho informe también solicita al BCP que “precise qué criterios técnicos y regulatorios se utilizan para autorizar la concentración significativa de depósitos previsionales en una sola entidad bancaria” y si tiene algún plan de contingencia en el caso de que dicho banco eventualmente llegue a caer, con la implicancia que eso tendría sobre los fondos jubilatorios del IPS.
El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) dijo que hasta ayer no se había hecho la comunicación de los pedidos de informes y el proceso no se ve afectado por el receso parlamentario, puesto que es atribución de la Comisión Permanente del Congreso hacer y recibir respuestas a pedidos de informes.