17 de marzo de 2026

La actual presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, resaltó la presencia de dos ministros de la Corte en ejercicio, además de que desde el 2024, en su primer mandato, hubo aumento en la tramitación de causas y, por sobre todo que desde ese año no hubo ninguna prescripción.

La medida del ministro de la Corte, que dio marcha atrás en la ampliación de la Sala Constitucional para estudiar la polémica designación de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, fue impugnada este miércoles por los abogados Carlos Trapani y Alfredo Enrique Kronawetter. Alegan violación al principio de imparcialidad y advierten sobre posibles acciones internacionales.

Diputados colorados disidentes y de la oposición piden a los ministros de la Corte Suprema de Justicia que paren los constantes atropellos a la Constitución Nacional, que ejecuta el oficialismo. “Tengan la altura moral para poner freno a esto. Basta de que monigotes, gorilas y primates sigan generando atropellos en nuestro país”, reclamaron.
Cartistas miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estarían molestos por la “bajada de línea” de elegir al ministro de la Corte César Garay como titular del cuestionado ente. A esto se suma que el senador Derlis Maidana una vez más fue relegado de los cargos importantes, por lo que se especula que sea reclutado por la disidencia.

El presidente Santiago Peña es el “principal interesado” en que se aclare el escándalo denominado #LaMafiaManda, según informaron desde el Ejecutivo esta mañana. Esto, pese a que el mandatario se niega a pronunciarse públicamente sobre el caso.

La presidenta del JEM, Alicia Pucheta, dio una conferencia de prensa este miércoles sobre el caso denominado #LaMafiaManda que salpica al vicepresidente primero de dicho órgano, el diputado cartista Orlando Arévalo. Sin embargo, no quiso opinar sobre la presunta manipulación de la Justicia que se desprende de los chats filtrados entre el legislador y su colega fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, alegando que hay una investigación fiscal vigente.