16 de julio de 2025
Una recusación planteada en contra de la jueza de Garantías Alicia Pedrozo suspendió la audiencia preliminar para el exdiputado colorado y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola y otros exdirectivos de Mocipar, acusados por un supuesto esquema de estafa que ocasionó un perjuicio millonario a 31 clientes de la firma. La chicana fue planteada bajo patrocinio de un abogado que intervino en la causa solo para recusar a la magistrada.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo la causa a los supuestos testaferros del narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, intentará iniciar en la fecha el juicio oral a los 12 acusados de lavado de dinero y asociación criminal. El patrimonio de la organización delictiva en Paraguay supera los US$ 100 millones, según la fiscalía. Acciones pendientes en la Corte Suprema han trabado hasta ahora el juzgamiento.
El fiscal Orlando Paiva asumió como nuevo agente del Ministerio Público a cargo de la causa que investiga el esquema de estafa con la “venta de cargos” en el Instituto de Previsión Social (IPS), y solicitó la postergación de la audiencia preliminar que estaba prevista para este martes. El juzgado de Garantías atendió la petición y reprogramó para la segunda semana de marzo la diligencia, en la que debe resolver si el caso va a juicio oral, como pide Fiscalía.
La Cámara de Apelaciones otorgó la prórroga extraordinaria solicitada por el Ministerio Público y concedió 6 meses más a los fiscales del caso para finalizar la investigación al intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez y otros 21 procesados por el caso “detergente de oro”. La Fiscalía fundamenta que hay varias diligencias pendientes, como la respuesta al pedido de cooperación internacional a la República de Francia, sobre la exportación del detergente de alta concentración al Paraguay.
Los 21 acusados como supuestos integrantes de un esquema que ofrecía cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS) fueron convocados por el juzgado de Garantías para la última semana de febrero, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar. La Fiscalía pide que la causa sea remitida a juicio oral y público.
El Ministerio Público presentó acusación por presunta estafa y asociación criminal contra 21 personas que supuestamente integraban un esquema de que ofrecía cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS). Según el requerimiento conclusivo, los acusados solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15 millones por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional.