La Contraloría General de la República (CGR) diseñó su hoja de ruta para realizar controles a diversos organismos y entidades del Estado. En la lista están más de 70 instituciones que administran recursos estatales, entre ellas municipios, gobernaciones, secretarías y ministerios.
El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, comunicó el martes último, tanto a Nicanor Duarte Frutos como a Manuel María Cáceres, directores generales paraguayos de Yacyretá e Itaipú, respectivamente, que fue aprobado el Plan General de Auditorías (PGA) de la institución a su cargo para el ejercicio fiscal 2022.
Tras la promulgación de la ley que habilita el control de las binacionales a través de la Contraloría General de la República, esta semana se trabajará en la reglamentación y el establecimiento de un calendario para el inicio. El contralor Camilo Benítez indicó que esperan realizar la primera auditoría en setiembre.
El Ejecutivo promulgó la ley que habilita el control de las binacionales a través de la Contraloría General de la República. La entidad contralora estará autorizada a realizar dos auditorías anuales a Itaipú y Yacyretá, una financiera y otra de obras, y si las entidades no envían estos informes, el ente contralor podrá hacer incluso allanamientos policiales con el objetivo de acceder a los documentos requeridos.
Carlos Alberto Pereira Olmedo, nuevo titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), quien ocupa el cargo en reemplazo de Dany Durand, ordenó que se realicen auditorías de costos y procesos de ejecución de obras de la institución para determinar el tiempo de ejecución y el costo real de las viviendas que son construidas por la cartera estatal. Dichas auditorías se darán tras la salida de Durand, quien fue cuestionado por numerosas irregularidades en la ejecución del presupuesto, principalmente en lo relacionado en sobrecostos de las obras.
Un equipo interinstitucional se encuentra realizando una auditoría general de 4.000 expedientes de deudas atrasadas del Ministerio de Salud, por el valor de unos G. 800.000 millones, según confirmó Luis Cardozo, auditor general de la Presidencia. El mismo aseguró que ellos no aprobaron el pago de la deuda a Eurotec e Imedic, puesto que siguen en pleno trabajo y la decisión fue autónoma del Ministerio de Salud.