Biggie Express

Los empleados de Biggie se expresaron masivamente a través de las redes sociales debido al cierre de todas las tiendas. Con cómicos videos, muchos apuntaron directamente hacia el presidente Santiago Peña y otros expresan su temor a quedarse sin trabajo.

El director de la cadena de minimercados Biggie, cuyas tiendas en todo el país están cerradas desde ayer tras una orden de suspensión temporal de venta de productos por parte del gobierno, dijo que está previsto que la Dirección General de Vigilancia Sanitaria realice nuevas inspecciones en locales hoy. Dijo que la empresa espera celeridad en las reinspecciones y el proceso burocrático para levantar la sanción.

Jorge Ilou, director de Dinavisa, confirmó que los productos incautados de dos supermercados Biggie, fueron remitidos al laboratorio BioControl, parte del grupo Multilab S.A., representado por Paola Scavone de Argaña, consuegra del presidente de la República, Santiago Peña. La inspección motivó el cierre temporal de 263 locales Biggie, por orden del mismo Peña, según Sedeco.

Paraguay enfrenta un dilema crucial: la reciente sanción a una cadena nacional de supermercados ha encendido alarmas sobre la seguridad jurídica y amenaza con erosionar la confianza en un marco económico que ya lucha por estabilizarse.

La inusual medida del Gobierno cartista de clausurar una cadena de minimercados tras recorrer cinco de ellos y encontrar supuestos productos vencidos y reetiquetados arriesga valores consagrados por la Constitución Nacional del Paraguay. Un país donde las reglas cambian a capricho del gobernante de turno, un escenario donde la ley deja de ser un escudo y se convierte en un garrote, como desde el martes lo están transmitiendo a todo el país, no puede inspirar confianza. Lamentablemente para todos los sectores involucrados, está en juego mucho más que las libertades económicas y la previsibilidad jurídica: están en juego las libertades de prensa y de expresión garantizadas por la Constitución Nacional. La prensa libre existe para vigilar al poder, no para rendirle pleitesía. Y por esa misión –innegociable, irrenunciable y amparada por la Constitución– ABC renueva y redobla su apuesta contra el silencio y a favor de la palabra. No cederemos ni ante presiones políticas ni ante aprietes económicos disfrazados de ley. NO NOS VAMOS A CALLAR.