Caja Fiscal

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, habló ayer sobre la crisis que existe en la caja de jubilaciones del personal estatal. Dijo que la reforma en el sistema es el próximo proyecto de ley que impulsará, desde este año, y destacó que lo principal es revisar la edad mínima establecida para pasar a retiro, que ahora es “cualquier cosa” debido a la asimetría entre las diferentes cajas.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, habló sobre la crisis que hay en la Caja Fiscal. Señaló que la reforma en el sistema es el próximo proyecto de ley que impulsarán desde su gestión y planteó dos ejes centrales que deben ser estudiados.

Se dio a conocer el informe de resultados financieros al mes de abril de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, más conocida como Caja Fiscal, con datos alarmantes que confirman el incremento exponencial, en progresión geométrica, del saldo rojo producido por el pago de pensiones vitalicias a funcionarios públicos retirados sin contrapartida suficiente, en términos de aportes, para cubrir los egresos actuales, mucho menos los futuros. El Gobierno prometió que este año se ocuparía del asunto, pero han pasado otros cinco meses y nada absolutamente se hace al respecto. La consecuencia es que el déficit, que cada vez crece más y cae en un barril sin fondo, se financia directamente con recursos del Tesoro, con dinero proveniente de impuestos que pagan los ciudadanos y que deberían utilizarse en otras prioridades en beneficio de la comunidad.

El gobierno debe plantear una reforma profunda de la Caja Fiscal, porque los cambios superficiales ya no alcanzan, afirmó el exministro de Hacienda, César Barreto. A criterio del también exministro de Hacienda, Dionisio Borda, los dos grandes objetivos de la reforma deben ser la eliminación de la inequidad y la insolvencia del sistema.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal arrastra déficit global desde el año 2015, luego de que el Congreso introdujera sistemáticamente modificaciones a la Ley N° 2345/2003 de reforma y sostenibilidad. El saldo rojo se financia con los impuestos que paga la ciudadanía y a pesar de esta sangría, el gobierno de Santiago Peña busca dilatar aún más la reforma. En una década, el deficit creció más de 3.000%.