El abogado Rafael Fernández, representante legal de la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi), confirmó que hoy culminó el juicio por reparación por los daños y perjuicios que ocasionaron los exdirectivos. Destacó que después de más de siete años, la jueza Celia Salinas resolvió que corresponde el resarcimiento por casi US$ 76 millones que deben pagar todos los condenados que conformaban el Consejo Directivo. Sin embargo, señaló que hay pocas esperanzas de recuperar el dinero.
Vecinos piden salvar un espacio verde declarado como patrimonio natural, ubicado sobre España casi Uruguay, en Asunción. Denuncian que se escuchan talas indebidas y que hicieron la denuncia a la Municipalidad de Asunción, pero los ruidos persisten. Solicitan que el inmueble sea comprado por el Estado para convertirlo en parque, por la gran cantidad de árboles que alberga. El terreno es de Cajubi, donde afirman que estuvieron haciendo limpieza en el sitio.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander pidió una auditoría integral de las causas de Mocipar y Caja de Jubilados Bancarios. El principal cuestionamiento del magistrado es que al principio de estos procesos, la Fiscalía imputó por una cantidad de figuras penales, pero luego, en una incoherencia inexplicable, pidió el sobreseimiento para los investigados.
Hace exactamente 10 años, el 7 de octubre de 2012, propuse en un artículo de la serie: “Independencia energética” la nacionalización de nuestra subestación margen derecha, con el dibujo de una interligación ideal con el Brasil. Cuatro años después, el 6 de noviembre de 2016, lo reiteré con el título de “Nacionalización de nuestra energía”, ¡con la misma imagen y los mismos conceptos!
En un comunicado conjunto de los sindicatos de Itaipú Binacional, alertan al Consejo de Administración de la margen derecha (lado paraguayo) que el Directorio Binacional, el jueves 4 de este mes, trató “de forma unilateral” el tema inherente a la Fundación Fibra, entidad responsable del sistema previsional de la Margen Izquierda (Brasil) “en flagrante violación de lo consagrado por isonomía en el Tratado de Itaipú”.
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera Brítez reiteró la rebeldía y orden de captura internacional de los encausados por el desfalco a la Cajubi, Marcelo Alessio Silvio Barone Serra y Elisabel Vázquez Galiño, y suspendió los plazos legales hasta que los mismos sean puestos a disposición del juzgado. Ambos con prisión preventiva en el Reino Unido, tienen un proceso de extradición a nuestro país.