13 de septiembre de 2025
En Cámara de Diputados se vuelve a reflotar un proyecto de ley con una sutil pero muy peligrosa modificación al Código Procesal Penal, que desde la propia Corte Suprema de Justicia advirtieron que sería favorable para que políticos corruptos logren salidas rápidas y baratas. Sería la versión 2.0 del anterior proyecto de “blanqueo exprés” que a duras penas se evitó que prospere.
En un quiebre dentro del cartismo, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, el Senado rechazó ayer el veto del presidente Santiago Peña a la compensación de G. 5.000 millones para los cuatro municipios sedes de los monumentos construidos por jesuitas.
Desde la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Benítez señaló que plantearán varias modificaciones a la ley que reforma transporte, que ya tiene media sanción. Destacó que esta ley “no soluciona la gobernanza” y plantearán varias modificaciones.
Diputados cartistas, colorados “independientes” y liberocartistas ayer votaron por cajonear por 90 días los pedidos de intervenciones contra seis intendentes, entre ellos Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), jefe municipal de Tomás Romero Pereira y padre del acusado senador Hernán Rivas (ANR, HC). Rivas padre es investigado por la Fiscalía por supuestos millonarios desvíos. Colateralmente, se salvaron dos cartistas y tres intendentes opositores.
Marcelo Martínez, concejal colorado de Ñemby, lamentó que la Cámara de Diputados postergara hoy el tratamiento del pedido de intervención del intendente Tomás Olmedo (ANR-HC) por 90 días. Con esto, los legisladores sellaron el pacto de impunidad para salvar a seis intendentes colorados y de la oposición.