27 de marzo de 2026

La deuda del MOPC con constructoras asciende a US$ 268 millones, según los datos de la institución, aunque los gremios habían reclamado inicialmente unos US$ 360 millones. Advierten que los intereses por los retrasos en los pagos, ya cercanos a US$ 110 millones según los gremios del sector, seguirán aumentando mientras se posterguen los pagos.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, advirtió que la falta de pago de las deudas del Estado con el sector podría derivar en la paralización de obras públicas en el país. El dirigente denunció que el Gobierno dispone de recursos, pero aplica una política de pagos selectivos que prioriza proyectos considerados emblemáticos.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, Jose Luis Heisecke, indicó que están en un cuarto intermedio para ver cómo serán honradas las deudas. Sostuvo que las empresas medianas y pequeñas son las más golpeadas. Además, apuntó que el problema es el límite fiscal establecido, lo cual restringe los pagos.

Pese a los reportes de que el sector de la construcción inició el 2026 con el mayor nivel de optimismo empresarial, Capaco advierte que el atraso en los pagos por las obras en ejecución, que ronda los US$ 360 millones, mantiene a las empresas al borde del quiebre. El Gobierno, en tanto, busca este año ajustarse al límite de déficit establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, en un contexto de restricción presupuestaria y baja ejecución.

El ingeniero Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), confirmó que el gobierno de Santiago Peña realizó un desembolso para el pago a las empresas vialeras, pero que el mismo sigue siendo insuficiente para continuar con las obras.

La Capaco advirtió que la deuda del Estado dejó a varias empresas “en el límite” y sin capacidad de sostener sus operaciones. En un conversatorio, el economista César Barreto instó al Gobierno a reconocer la magnitud del problema y adoptar una solución urgente, ante el riesgo de que más constructoras caigan en una quiebra virtual. Por su parte, el gremio cuestionó que Gobierno de Peña repite lo que tanto criticó, al licitar obras sin contar con los fondos necesarios, situación que aumenta la presión financiera sobre las empresas.