25 de octubre de 2025

El sindicado de funcionarios de la Contraloría se pronunció de forma dura para repudiar las declaraciones del contralor Camilo Benítez que mencionó como “falta de ética” el reclamo del gremio de trabajar solo seis horas al día. Los trabajadores acusan a Benítez de desconocer derechos laborales históricos y de actuar de manera arbitraria en la imposición de una jornada laboral de ocho horas.



La Contraloría auditará al IPS con prioridad en 2025 y enfocará en déficit de la Caja de Jubilados e inversiones financieras, entre ellas los depósitos millonarios de fondos en el banco “amigo” del presidente Santiago Peña, según anunció hoy el titular de la CGR, Camilo Benítez.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó este jueves ante el Congreso Nacional su informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024, que incluye auditorías realizadas a diversos ministerios y otras instituciones del Estado. En el documento se identifican presuntas irregularidades administrativas y contables.

El contralor Camilo Benítez fue rotundo en rechazar una propuesta de modificación de ley planteada en el Senado que pretende legalizar el “puenteo” a la Contraloría General de la República (CGR) a través del Tribunal de Cuentas. Dijo que, si avanzan, no solo abrirían la puerta a la corrupción, sino que habría que evaluar la “extinción” del ente contralor.

Mientras Petropar insiste en prorrogar una vez más el plazo contractual con la firma catarí Doha Holding, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, la Contraloría sigue sin iniciar una auditoría al cuestionado proceso de compra de gasoil, aunque ya pasaron seis meses desde el inicio de una “revisión documental”, sin resultados.

La Fiscalía presentó el 6 de junio pasado –pero recién se viralizó ayer– el pedido de desestimación de la denuncia presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes, por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando de cigarrillos y otros. Según la desestimación, “no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia del hecho y la participación de los denunciados en el mismo”. Para la solicitud, el Ministerio Público se basó en un dictamen de la Contraloría General e informes de la SET y Aduanas.