7 de septiembre de 2025
Trabajadores de Cañas Paraguayas SA (Capasa) y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) están movilizados con medidas de fuerza porque, según sostienen, hace meses que no les pagan sus salarios y, en el caso de Capasa, desde el año pasado les suspendieron sus coberturas en el Instituto de Previsión Social por falta de transferencias de los aportes obrero-patronales, pese a que se les hace el descuento. El Gobierno dio su visto bueno para sucesivos y costosos planes de “estabilización” para estas empresas estatales en quiebra que terminaron todos en fracaso, pese a lo cual respalda a los directivos, cuyos sueldos no se sabe a cuánto ascienden, como tampoco se sabe si para ellos también rige el retraso en el pago. Capasa y Copaco no son casos aislados, ni mucho menos. La Industria Nacional del Cemento y Petropar también arrojan pérdidas en sus administraciones.
Empezó la polémica iniciativa del diputado cartista Jatar “Oso” Fernández, que lanzó un servicio nocturno gratuito de transporte entre varias ciudades del departamento Central. El “Oso Bus” ya circula, pero su puesta en marcha generó cuestionamientos por el uso del logo de una empresa estatal deficitaria.
La presentación del “Oso Bus”, impulsado por el diputado Jatar Fernández como una supuesta solución al transporte nocturno, generó críticas al lucir el logo de la estatal deficitaria Capasa, lo que levantó sospechas sobre un posible auspicio irregular. Mientras la empresa niega haber destinado recursos, crece la polémica por el uso de su marca y la circulación de un vehículo no autorizado por el Viceministerio de Transporte.
Triste ejemplo de cómo se “chupan” la plata de la gente. Al Estado paraguayo no le alcanza para completar su stock de medicamentos para el cáncer, pero destina recursos de los contribuyentes para producir bebidas alcohólicas a pérdida. En el maremágnum del tremendo derroche de dinero público, el caso de Cañas Paraguayas SA es relativamente pequeño, pero es un ejemplo particularmente ilustrativo del insultante orden de prioridades y la inoperancia de los gobiernos de turno, incluido el actual, que de boca para afuera hablan de cambios en defensa de los intereses de la ciudadanía, pero que en la práctica o no se atreven o directamente no quieren hacer ni mínimas reformas que de alguna manera atenten contra el esquema parasitario de prebendarismo, privilegios y corrupción.
Capasa, la fábrica estatal de cañas, duplicó sus pérdidas en 2024, alcanzando más de G. 5.500 millones, y acumula un déficit de G. 68.000 millones en los últimos 30 años. A pesar de esto, el Estado sigue sosteniéndola. Su presidente, José Ocampos, argumenta que las pérdidas se deben a inversiones para modernizar la producción, relanzar productos y reactivar exportaciones. También defiende su valor como marca país y su papel en el circuito histórico de Asunción.
El presidente de Cañas Paraguayas SA (Capasa), José Ocampos, y el procurador general Marco Aurelio González, presentaron hoy en el Palacio de Justicia de Asunción, una demanda por daños y perjuicios contra el propio abogado de la empresa estatal, porque dejó caducar una causa civil, con el consecuente perjuicio para el Estado. En ese sentido, la misma exige una indemnización por la suma de G. 5.000 millones más intereses.