Una vez más, los miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque solicitaron por nota la rendición de cuentas y la ejecución presupuestaria a la municipalidad a cargo del cartista Carlos Echeverría y piden que los concejales luqueños acompañen el pedido y no aprueben la gestión sin antes darle participación a la ciudadanía. El año pasado, el jefe comunal no realizó el procedimiento exigido en la Ley Orgánica municipal; sin embargo, los ediles igualmente dieron trámite de aprobación a su rendición de cuentas.
La Junta Municipal de Luque aprobó por unanimidad el presupuesto para el año 2025, que asciende a G. 116.950 millones. La planificación contempla ingresos y gastos, y no estuvo exenta de críticas por parte de concejales opositores.
La Junta Municipal de Luque autorizó al intendente imputado Carlos Echeverría (ANR-HC) a hacer un préstamo de G. 5.000 millones para el financiamiento temporal de caja. Según los datos, será como un “fondo de reserva” para pagar salarios y aguinaldos, si la recaudación no es suficiente
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), advirtió a los 16 funcionarios exhurreros del extinto senador Óscar González Daher (OGD), que si no acatan la orden de volver a prestar servicios en la Cámara de Senadores, les descontará de sus salarios. Agregó que en total puso fin al comisionamiento de 200 funcionarios legislativos, entre ellas las municipalidades de Luque, Capiatá, Fernando de la Mora y hospitales regionales.
Los exhurreros del extinto senador Óscar González Daher desacatan la orden del titular de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, quien dio por terminado el comisionamiento de los mismos en la Municipalidad de Luque. Sin embargo, algunos siguen campantes por la sede comunal.
El intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC), quien está imputado por los supuestos hechos de delitos de homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, recusó al fiscal Jorge Escobar y logró que su causa recaiga en manos de la fiscala Sandra Ledesma. La agente estuvo vinculada en el esquema que usó el usurero Ramón González Daher para amedrentar con denuncias a las personas a quienes prestaba dinero.