17 de enero de 2026
Carlos Trapani
Caso Sanabria Vierci: “Hay que taparse la nariz” para leer argumento por el cual se excluyó a padre de víctima, dice abogado
El abogado Carlos Trapani, representante de la familia de Darío Jaquet, una de las cuatro víctimas fatales del accidente de tránsito por el cual es procesado Eugenio Sanabria Vierci, denunció que ya pasaron seis meses de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la resolución por la cual se excluyó al padre de Darío de la querella. Sostuvo que “hay que taparse la nariz” para leer los argumentos del tribunal de apelación que tomó la decisión.
Pacto metano: asesor de Presidencia afirma que el MAG tiene la autoridad en cuanto a políticas agrarias
César Trapani, asesor jurídico de Presidencia de la República, afirmó que quien tiene autoridad en el país sobre las políticas agrarias es el Ministerio de Agricultura. Fue en respuesta a una disparidad de criterios que hubo entre el titular del Senacsa y el del MAG en torno al debate sobre un acuerdo para la reducción de emisión del gas metano.
¿Qué contempla el proyecto de ley de la función pública que promueve el Poder Ejecutivo?
El asesor jurídico de la Presidencia de la República explicó en qué consiste el proyecto de ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” que presentó el Poder Ejecutivo y las novedades que busca introducir.
Ejecutivo sobre ley de afrodescendientes: “El objeto, en términos generales, no es algo malo”
Desde el Poder Ejecutivo justificaron que la ley de afrodescendientes, que fue promulgada el lunes pasado, por sí misma no plantea irregularidades que contravengan principios constitucionales. “El objeto de esta ley, en términos generales, no es algo malo”, afirmaron.
Ejecutivo objeta “cambio de reglas” en proyecto que abre la “canilla” a gobernaciones
El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Carlos Trapani, dijo que el Poder Ejecutivo se opone al cambio de reglas con el desembolso del dinero del Presupuesto 2022. Fue al argumentar el veto total a a la ley que pretendía dar vía libre a las gobernaciones a transferir créditos previstos para construcción de obras de uso público a entidades sin fines de lucro. El documento volvió al Congreso para su consideración.
