Ayer se llevó a cabo la “Cumbre de poderes” convocada por el presidente Santiago Peña tras la divulgación de los chats obtenidos del celular incautado al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y que involucra a importantes autoridades del Gobierno, entre ellos, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, jueces, fiscales y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en supuestos hechos de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con el crimen organizado. Esta “Cumbre” en realidad más bien parecía la “Cumbre de los amigos de Lalo” (con algunas excepciones). El comunicado dado a conocer tras la reunión solo enlista una serie de siete obviedades, en las que los participantes proceden a “instar”, “ratificar”, “proclamar” y otros términos implícitos en la obligación de las autoridades encargadas de investigar y de hacer justicia.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia encomendó al Centro Internacional de Estudios Judiciales el análisis de la propuesta de difusión de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto generó discrepancias entre los ministros Víctor Ríos Ojeda y César Diesel, en la última sesión del máximo tribunal.
La exsenadora Kattya González (PEN), expulsada del Congreso por orden del Comando de Honor Colorado, denunció que la Corte Suprema retiene adrede su expediente y no remite a la Fiscalía, para evitar que avance su pedido de reposición a su banca. “Es una vergüenza”, manifestó la exlegisladora.
Un total de 56 magistrados (15 camaristas y 41 jueces de distintos) asumieron ayer sus cargos ante ministros de la Corte Suprema de Justicia. Varios de ellos cumplirán funciones en juzgados y tribunales de los fueros especializados, que la máxima instancia judicial busca potenciar.
María Esther Roa, activista anticorrupción, calificó de deprimente lo que ocurre en esferas de la justicia, donde César Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, apunta a llegar al Tribunal de Cuentas. Aseguró que es “el peor postulado en una terna digitada”. Por su parte, un diputado liberal también extendió su opinión por el caso.
El diputado Édgar Olmedo, representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura, defendió las cuestionadas integraciones dentro de las ternas para el sistema de Justicia. Señaló que siempre existió una “interpretación más allá del aspecto objetivo”. Además, alegó que los consejeros no tienen un mandato imperativo para ceñirse única y exclusivamente por la ubicación de la grilla de puntajes académicos.