El Tribunal de Sentencia que condenó a 15 años de cárcel al exministro del Interior Walter Bower aplicó sanciones contra seis abogados que intervinieron como defensores del exsecretario de Estado, así como del comisario Osvaldo Vera y del expolicía Merardo Palacios, también condenados. Los letrados fueron multados con sumas desde G. 5 millones hasta casi G. 11 millones; y los antecedentes de uno de ellos serán remitidos a la Fiscalía.
Un juez de Garantías rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa del senador Hernán Rivas y ratificó la admisión de la imputación contra el legislador cartista, por los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. El caso queda ahora a cargo de la Cámara de Apelaciones que debe estudiar la apelación subsidiaria planteada por la defensa del legislador colorado.
La fiscala Patricia Sánchez solicitó al Juzgado de Garantías que rechace la chicana planteada por la defensa del senador Hernán David Rivas Román (ANR - cartista) y ratifique el proceso abierto por la presunta falsificación de su título de abogado. Los representantes del legislador insisten en que la imputación viola preceptos constitucionales.
El exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez y los demás encausados por el multimillonario perjuicio a la Gobernación llenaron de recursos dilatorios la causa; sin embargo, no lograron zafar de la condena ejemplar que dictó el Tribunal de Sentencia.
El exsíndico de Quiebras Blas Manuel Velázquez, fue imputado el 31 de julio pasado por lesión de confianza y otros hechos por la fiscala Natalia Cacavelos, y pese a contar además con una orden de detención vigente, el mismo no se sometió al proceso. A esto se suma que, planteó una serie de acciones dilatorias, entre reposiciones y recusaciones, desde la clandestinidad.
El usurero luqueño Ramón González Daher sufrió un nuevo revés judicial, esta vez en la causa iniciada en su contra por Miguel Britos, una de las tantas víctimas de usura que reclaman indemnización por daños y perjuicios. El condenado a 15 años de cárcel había planteado una excepción de falta de acción, pero el juzgado a cargo de la causa declaró la caducidad de la chicana.