19 de noviembre de 2025

El senador Eduardo Nakayama defendió el dictamen negativo que dio la Comisión de Legislación de la Cámara Alta del Congreso a un proyecto de ley que busca eliminar del Código Penal la exigencia de que, en hechos de abuso sexual contra menores, los actos sexuales estén “dirigidos” a la víctima, algo que limita la persecución penal en casos donde menores de edad son expuestos a actos sexuales sin ser destinatarios directos de ellos.

Actualmente se está investigando un presunto caso de filicidio registrado en diciembre del año pasado el Luque, pero el hecho se dio a conocer recién hoy. En los últimos años se habían registrado varios casos de este crimen en Paraguay. ¿Qué es el filicidio y cuáles fueron esos casos?

El reciente caso de supuesto abuso cometido contra una niña y una adolescente llama nuevamente la atención sobre una terrible realidad contra la que medidas como el aumento de las penas no vienen teniendo los resultados esperados, y la impunidad sigue siendo la regla.

La participación en el injusto de lavado de activos ocupa dimensiones dogmáticas y normativas a ser ponderadas, puesto que hemos de recordar que nuestro sistema jurídico penal reconoce la punibilidad individual de los participantes a partir de lo dispuesto en el Art. 33º del Código Penal. Es que la reprochabilidad que concurre en cada sujeto es verificable “individualmente”; y en tal efecto, cada participante en el hecho de lavado de activos será sancionado de acuerdo con su reprochabilidad, independientemente de la reprochabilidad de los demás que activaron dentro de la contaminación del orden económico.

CARACAS - La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el oficialismo, adelantó este viernes que actualizará las leyes penales, incluidas las que castigan la tortura y la violencia contra la mujer, una tarea que arrancará el 15 de septiembre, cuando los diputados regresen de sus vacaciones.

El presidente de la República Mario Abdo Benítez vetó totalmente una ley en el que se buscaba beneficiar a procesados por hechos de corrupción que cometieron lesión de confianza o estafa. El Congreso envió al Ejecutivo una normativa en la que modificaron y redujeron la expectativa de pena quedando entre ocho y 10 años de cárcel, además de que la Fiscalía debía demostrar que hubo intención de cometer el delito.