2 de abril de 2025
La Opaci, la ONG más grande y que más condescendencia política tiene del cartismo, no entregó documentos y justificó ayer ante la “Comisión garrote” la forma en que dispone -sin control- de los impuestos que abonan los paraguayos. Algunos diputados calificaron la situación de robo al pueblo.
El autoritarismo cartista y la persecución con “garrote” a los enemigos del poder, en particular a las ONG y a ABC, marcaron la agenda del gobierno de Santiago Peña. Por defender a Horacio Cartes y a Tabesa, el Ejecutivo tensó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos de América. El comando cartista ordenó la expulsión de la senadora opositora Kattya González mientras sus aliados cometían abusos de poder con total impunidad.
En la que fue la última sesión del año de la Cámara de Diputados, a traición, estuvo a punto de concretar una herida letal para la transparencia en nuestro país, durante el tratamiento del proyecto de ley de “Protección de Datos Personales”, aunque el riesgo sigue latente, puesto que la iniciativa se aprobó en general y falta analizar en particular. Dictamen presentado 3 minutos antes del tratamiento plantea un artículo que podría aniquilar la ley de Acceso a Información Pública (AIP) y protegería por ejemplo a sus nepobabies.
El senador cartista Gustavo Leite, vocero de la Comisión Bicameral de Investigación “antilavado”, conocida como Comisión Garrote, aseguró que podría darse “la mayor dilapidación de fondos innecesarios de la historia de las organizaciones sin fines de lucro de Paraguay”, debido a que ni la educación, ni la democracia mejoraron, según los medios, teniendo en cuenta que la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinó US$ 67 millones para el efecto.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, conocida como “comisión garrote” creada para perseguir a sus principales adversarios, integrada por una mayoría cartista, y presidida por el senador expulsado del PLRA, Dionisio Amarilla, reanudará sus reuniones al reinicio de las actividades legislativas, prevista para el 1 de marzo.
Tras la aprobación y comunicación de la Cámara de Diputados al Senado de la extensión del plazo de vigencia por otros 60 días más, los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida como comisión “garrote”, retomarán desde la próxima semana sus reuniones para ir contra sus principales detractores el grupo ABC y las ONG.