Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)

Trabajadores de Cañas Paraguayas SA (Capasa) y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) están movilizados con medidas de fuerza porque, según sostienen, hace meses que no les pagan sus salarios y, en el caso de Capasa, desde el año pasado les suspendieron sus coberturas en el Instituto de Previsión Social por falta de transferencias de los aportes obrero-patronales, pese a que se les hace el descuento. El Gobierno dio su visto bueno para sucesivos y costosos planes de “estabilización” para estas empresas estatales en quiebra que terminaron todos en fracaso, pese a lo cual respalda a los directivos, cuyos sueldos no se sabe a cuánto ascienden, como tampoco se sabe si para ellos también rige el retraso en el pago. Capasa y Copaco no son casos aislados, ni mucho menos. La Industria Nacional del Cemento y Petropar también arrojan pérdidas en sus administraciones.

Es increíble que en un país con tantas necesidades se tenga que seguir sosteniendo a varias empresas públicas deudoras crónicas, que históricamente han nadado en la corrupción, plagadas de personal supernumerario, insumiendo millonarios recursos que bien pueden destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, caminos de todo tiempo, entre otras. No existe una explicación razonable para esta lamentable situación. El año pasado, cuatro de las nueve hoy existentes –Copaco, Petropar, INC y Capasa– habían acumulado resultados negativos por valor de 1,3 billones de guaraníes (167 millones de dólares), generados a lo largo de varias administraciones. En suma, las empresas públicas crónicamente deficitarias son verdaderos lastres, que deben ser arrojados por la borda cuanto antes, mediante la privatización o el cierre liso y llano. Son un peso muerto sobre las espaldas de Juan Pueblo.

Cuatro de las principales empresas públicas del país —Copaco, Petropar, INC y Capasa— cerraron el 2024 con resultados negativos acumulados por más de US$ 167 millones. Las pérdidas, arrastradas desde varias administraciones, reflejan una gestión deficitaria sostenida, marcada por deudas crecientes, ingresos insuficientes y compras cuestionadas en estas compañías “de todos los paraguayos”.

Un grupo de jubilados de Copaco denunció que la empresa estatal se niega a pagar beneficios establecidos en su contrato colectivo, como una compensación especial por retiro. Ante la falta de cumplimiento, se multiplican las demandas judiciales y la Procuraduría busca levantar embargos, mientras los afectados advierten que se vulneran derechos laborales y humanos fundamentales.

Según su balance preliminar de 2024, la Copaco, cuyas acciones pertenecen exclusivamente al Estado, arrastra una pérdida acumulada de casi 533.000 millones de guaraníes. El 4 de enero de ese año, el presidente Santiago Peña había reconocido que “es muy complicado invertir en una empresa que está prácticamente en quiebra”, pero que no planeaba venderla ni cerrarla, sino recuperarla, porque las telecomunicaciones tendrían un rol importante en su agenda digital. Dijo también –siempre buscando culpables antes que proponer soluciones– que entre 2018 y 2023, Copaco sufrió “una debacle administrativa económica y financiera”, como si antes hubiera funcionado a las mil maravillas. En verdad, el problema de fondo no radica en lo que haga o deje de hacer un Gobierno determinado, sino en que el Estado es un mal empresario, motivo por el que es necesario apresurarse a liquidar o privatizar ese desastroso emprendimiento.