Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)

Un grupo de jubilados de Copaco denunció que la empresa estatal se niega a pagar beneficios establecidos en su contrato colectivo, como una compensación especial por retiro. Ante la falta de cumplimiento, se multiplican las demandas judiciales y la Procuraduría busca levantar embargos, mientras los afectados advierten que se vulneran derechos laborales y humanos fundamentales.

Según su balance preliminar de 2024, la Copaco, cuyas acciones pertenecen exclusivamente al Estado, arrastra una pérdida acumulada de casi 533.000 millones de guaraníes. El 4 de enero de ese año, el presidente Santiago Peña había reconocido que “es muy complicado invertir en una empresa que está prácticamente en quiebra”, pero que no planeaba venderla ni cerrarla, sino recuperarla, porque las telecomunicaciones tendrían un rol importante en su agenda digital. Dijo también –siempre buscando culpables antes que proponer soluciones– que entre 2018 y 2023, Copaco sufrió “una debacle administrativa económica y financiera”, como si antes hubiera funcionado a las mil maravillas. En verdad, el problema de fondo no radica en lo que haga o deje de hacer un Gobierno determinado, sino en que el Estado es un mal empresario, motivo por el que es necesario apresurarse a liquidar o privatizar ese desastroso emprendimiento.

En plena crisis financiera, los sindicatos de Copaco exigen al Gobierno el pago de G. 91.856 millones por inmuebles vendidos al MUVH y al MDS. La estatal, convertida en una suerte de “inmobiliaria”, depende de esos fondos para pagar salarios y evitar el colapso operativo.

Copaco cerró el 2024 con una pérdida acumulada de G. 533.000 millones, según su balance preliminar. La estatal, presidida por Óscar Stark, arrastra déficits operativos debido a ingresos insuficientes frente a elevados costos. El titular de la estatal afirmó que buscan revertir la situación mediante recortes de personal, venta de activos y la incorporación de un socio estratégico.

La jueza Cynthia Lovera resolvió condenar a un hombre por el robo de cables de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco). La sentencia dicta un año de prisión, pero con suspensión de la ejecución de la condena con reglas de conducta que deberá cumplir durante dos años.