25 de octubre de 2025

Según el censo de 2022 realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el crecimiento demográfico de nuestro socio energético alcanzó la tasa anual de 0,52% entre 2010 y 2022; es decir, la población brasileña creció anualmente 1.056.120 habitantes sobre un universo actual de 203,1 millones de personas. La lógica más simple es que también aumentó el consumo de energía eléctrica.


El 180º Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizó esta semana y está concluyendo en suelo paraguayo, trajo mucho debate sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado en la materia. Se puede comenzar mencionando los ataques constantes a la libertad de prensa y expresión por parte del propio Presidente Santiago Peña en sus discursos amedrentadores al trabajo de los medios críticos a la labor estatal. Se puede agregar las persecuciones a organizaciones de la sociedad civil por parte del Congreso con la adopción de la “Ley Garrote”, o el menoscabo a derechos sustanciales por la justicia paraguaya como el respeto a las garantías del debido proceso o la protección judicial con el sometimiento del Poder Judicial al poder político. Por su parte, la Corte Interamericana enfatiza sobre la unión indisoluble de los conceptos de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.
El pasado lunes se empezaron a implementar mayores controles de seguridad para el ingreso –incluso de funcionarios– en el Congreso. La medida fue confirmada ayer por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que alegó un pedido generalizado de sus colegas y supuestas “amenazas” que no individualizó.

Según la agenda del mandatario argentino, Javier Milei, quien se encuentra en nuestro país se tiene pautada una sesión de honor en el Congreso Nacional para este miércoles. La Policía Nacional cerrará las calles aledañas.

La ley que reglamenta el Artículo 201 de la Constitución Nacional establece un procedimiento claro para la pérdida de investidura de un legislador. Este proceso, que puede llevar a la separación definitiva de un parlamentario de su cargo, se activa bajo causales específicas previstas en la Carta Magna que está vigente desde 1992 y sigue una serie de pasos formales dentro de la Cámara respectiva al que pertenece el legislador.