El periodista le cuenta a la ciudadanía aquello que el poder no quiere que se sepa. Por ello molesta a los gobiernos; más aún a esos que tienen caracú autoritario. Por otra parte, un medio no es poderoso porque su dueño lo sea; es poderoso porque el público le cree. La adhesión del público es el único poder que tiene un medio. Es lo que hace posible su vigencia.
El presidente de la República, Santiago Peña, planteó este viernes en la ciudad de Curuguaty (Canindeyú) su intención de realizar una reforma de la Constitución Nacional, para establecer que el 100% de los impuestos inmobiliarios queden en los municipios. La intención pone en alerta a la oposición, pues se cree que la acción busca sentar jurisprudencia, para modificar la Carta Magna y lograr la reelección presidencial.
Con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a escuchar que cuando un caso llega a la Corte Suprema de Justicia, Morfeo acomoda su almohada. Sin embargo, esto no es algo a lo cual debamos acostumbrarnos, ya que aquella justicia que llega a destiempo es la más cruel injusticia, y aquella que nunca llega se convierte en cómplice de una muerte agonizante. Si bien todos los habitantes de la República, según la Constitución Nacional, somos iguales en dignidad y derechos y, por lo tanto, todos sin distinción tenemos derecho de acceder a una justicia pronta y eficaz en igualdad de condiciones, no es menos cierto que la Sala Constitucional tiene en sus manos la decisión de acciones sumamente trascendentales para la democracia, cuya resolución puede no solamente orientar jurídicamente aquellas decisiones que fueron contrarias a derecho sino que, además, puede poner un límite al abuso del poder estatal.
Las alarmas se encendieron ante el anuncio realizado por el presidente esta semana. Ante un auditorio compuesto por empresarios, Santiago Peña informó que está preparando una propuesta de ley para modificar las relaciones laborales en el sector privado, y puso como ejemplo la revisión de las condiciones actuales para alcanzar la estabilidad laboral.
Unas 300 magistradas y magistrados de Iberoamérica están reunidas en Ciudad del Este para debatir sobre el control de convencionalidad desde una perspectiva de género, en el marco del XX Encuentro de Magistradas. El objetivo es recurrir cada vez más a esta herramienta jurídica para combatir el flagelo de la violencia contra la mujer.
Las elecciones para convencionales constituyentes realizadas el 1 de diciembre de 1991 fueron de las últimas en las que los partidos políticos tradicionales pusieron sus mejores representantes. El fruto fue la Constitución más completa y libre de nuestra historia. Hoy se le pueden discutir algunos aspectos a la misma, pero en aquella Convención Nacional hubo debate, diálogo, intelecto y raciocinio.