14 de febrero de 2026

Los gremios Capaco y Cavialpa se reunieron ayer con autoridades del Ejecutivo para analizar la deuda de unos US$ 360 millones con las empresas del sector. Confirmaron que el Gobierno prevé aplicar el factoraje, mediante el cual las empresas podrán acceder a US$ 150 millones cediendo una parte de las deudas pendientes a los bancos, pero esta vez con garantía soberana. El Gobierno anterior de Mario Abdo Benítez ya había recurrido a una estrategia similar para evitar la paralización de las obras.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, confirmó que la institución a su cargo ya reconoció certificados pendientes de pago por más de G. 500.000 millones a favor de constructoras y anunció abonarán en las próximas semanas. Añadió que para ello están coordinando el plan de caja con el Ministerio de Economía.

La deuda que mantiene el gobierno con las constructoras, que ronda los US$ 200 millones, además de la desaceleración de las obras públicas por la baja ejecución, son situaciones que ponen en un “semáforo amarillo” casi rojo al sector de la construcción, advirtió José Luis Héisecke, titular de Capaco. También instó a las autoridades a mejorar la gestión del gasto público y aumentar presupuesto para las obras.

Desde 1991, Salum & Wenz se ha consolidado como una de las empresas líderes del sector de la construcción en Paraguay, con una historia que se caracteriza por un crecimiento sostenido, una marcada orientación hacia la calidad y un fuerte compromiso con la confianza de sus clientes.

Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) celebran el cobro de las deudas pendientes del Gobierno (US$ 370 millones) que les permitirá inyectar liquidez y pagar sus compromisos. Sin embargo, ante la desaceleración de las obras se ha dejado a muchos obreros sin trabajo y muchas máquinas paradas.

El MOPC obligó en su presupuesto del 2023 la deuda de US$ 290 millones con sus contratistas, monto que irá pagando hasta febrero de este año, como deuda flotante, según informó la institución. Detallan que esta cifra representa el 90% de la deuda total de US$ 330 millones con las constructoras. Una auditoría preliminar del Ejecutivo concluye que corresponde el pago de este deuda. La cartera ejecutó US$ 794 millones de su presupuesto para obras.