Contraloría General de la República (CGR)

La Contraloría General de la República confirmó que analiza las declaraciones juradas de la diputada Johana Vega desde marzo. Sin embargo, tras una denuncia anónima presentada en octubre, el examen fue ampliado e incluye ahora a su pareja, el presidente de Petropar, Eddie Jara. El caso se centra en la posible incongruencia entre sus ingresos y el nivel de vida que exhiben en redes y eventos sociales.

El presidente Santiago Peña consignó el 25 de julio de 2022 en su declaración jurada de intereses vinculados, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que solo tenía nueve inversiones de renta fija. Lo llamativo es que un año después en su manifestación de bienes al asumir como mandatario –presentada ante la Contraloría General el 31 de agosto de 2023– esas inversiones ya subieron a quince. En setiembre de 2025, Santiago Peña afirmó que sus inversiones financieras le generan al año ganancias por G. 1.462 millones.

El Ejecutivo promulgó la Ley Nº 7543, que modifica el Código de Organización Judicial y amplía de dos a cuatro las salas del Tribunal de Cuentas. La versión promulgada finalmente descarta los cambios, que buscaban legalizar el “puenteo” a la Contraloría General, práctica para eludir el control financiero. Por otro lado, la práctica del “puenteo” sigue siendo posible mediante una acción de inconstitucionalidad, y ahora hay más tribunales para “juzgar” las rendiciones.

El sindicado de funcionarios de la Contraloría se pronunció de forma dura para repudiar las declaraciones del contralor Camilo Benítez que mencionó como “falta de ética” el reclamo del gremio de trabajar solo seis horas al día. Los trabajadores acusan a Benítez de desconocer derechos laborales históricos y de actuar de manera arbitraria en la imposición de una jornada laboral de ocho horas.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, advirtió que el presidente Santiago Peña tiene la obligación de declarar “toda la verdad” sobre su patrimonio en la declaración jurada presentada ante la Contraloría. La advertencia surge en medio de la polémica por la lujosa colección de relojes del mandatario, valuada en unos USD 100.000, que no figura en el documento oficial.