2 de abril de 2025
El exdiputado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Arévalo y su esposa, la edil lambareña Carolina González (ANR, cartista), son investigados por el Ministerio Público por presunto lavado de dinero y otros delitos, en tanto que la Contraloría General de la República (CGR) realiza un examen de correspondencia de sus respectivas declaraciones juradas de bienes y rentas. Por lo que hoy se sabe, ninguno de los dos últimos órganos debería tener dificultades para constatar las groseras ilicitudes que la pareja habría cometido con el fin de ocultar o justificar su cuantioso patrimonio, de modo que no deberían demorarse en llegar, respectivamente, a imputaciones y dictámenes rotundos. En verdad, duele tener que aceptar que el exdiputado y la aún munícipe fueron electos por el pueblo, del que se burlaron miserablemente.
El intendente de Minga Guazú, Diego Ríos (ANR-HC), no pudo revertir el lapidario informe preliminar que hizo la Contraloría General de la República (CGR) sobre su gestión del 2023, por lo cual el ente contralor se “ratificó totalmente” en que existieron múltiples falencias administrativas. El intendente había sido electo por el movimiento político “YoCreo”, pero cuando comenzaron los cuestionamientos a su gestión rápidamente se cambió al cartismo para conseguir “protección”.
En enero de 2023, la Contraloría inició una auditoría al fracasado acueducto, pero sigue sin culminarla y tampoco ha proporcionado una fecha estimada para dar a conocer el informe. Además, el MOPC, dirigido por Claudia Centurión, tampoco ha revelado los resultados de las verificaciones que se realizaron en su momento sobre la fallida obra.
En diciembre del 2024 los intendentes y gobernadores recibieron por última vez dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y desde enero pasado los recursos provienen del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Los jefes comunales y departamentales debían presentar su rendición de cuentas del segundo cuatrimestre, sin embargo, once de ellos no lo hicieron y 22 lo hicieron fuera de tiempo.
Dos intendentes liberales no presentaron sus documentaciones sobre el uso que le dieron al dinero estatal que recibieron durante el último cuatrimestre del 2024, según informó la Contraloría General de la República (CGR).
La Contraloría General de la República (CGR) observó una serie de irregularidades en la administración de la Municipalidad de Villarrica, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022. El informe de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), publicado en el portal del ente de control, revela la falta de transparencia en la gestión municipal y el manejo inadecuado de millonarios fondos públicos.