16 de abril de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) publicó esta semana un informe de auditoría confirmando deficiencias del Instituto de Previsión Social (IPS), durante la construcción de hospitales y otras obras, a través de un fideicomiso. El documento, además, confirma que la fiscalización recaía exclusivamente en el IPS, desligando de responsabilidad al Banco Atlas.

La Contraloría confirmó que Petropar habría transgredido la ley de contrataciones públicas al extender en más de 200% el plazo contractual con la firma Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez. Las adendas se rubricaron sin pedidos formales de la contratista ni justificación técnica suficiente. Instó a la estatal a abstenerse de nuevas ampliaciones del plazo contractual.

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue escenario de otra batalla en medio de una “guerra” -incluso interna del cartismo- por el manejo de los millonarios fondos del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”. El diputado cartista César Cerini pidió a Contraloría un fiscalización especial contra dos de sus correligionarios. Opositores plantean “fusilar” a los que roban ese dinero y acusan de “coimas” de hasta US$ 70 millones.

Pese a que la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó en 2024 que el pago de bonificación por “gestión administrativa” a directivos era irregular, el Instituto de Previsión Social (IPS) presidido por Jorge Brítez continuó repartiendo el rubro hasta febrero de este año. El ente quiso burlar controles con un confuso pedido de dictamen y sacando plus a jefes inferiores.

En 2024, la directora de Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social (IPS), Alicia Olazar Maciel, y otros altos funcionarios recibieron irregulares bonificaciones por gestión administrativa, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR). A pesar de esto, la CGR pidió a la auditoría interna del ente investigar “vito” de casi G. 54.000 millones a “leales”.

ALBERDI. La disputa interna en el oficialismo colorado tensiona aún más el escenario político en Alberdi, en plena campaña para las internas con miras a los comicios municipales. En ese marco, concejales buscan revocar el pedido de control a la CGR de la gestión de Nicolás Sotelo (ANR-HC), mientras crecen las acusaciones sobre un presunto desvío de G. 8.000 millones.