CORRUPCIÓN

En un comunicado, el Círculo Paraguayo de Médicos denunció corrupción y lucro excesivo en los sistemas de salud del país, tanto público como privado. La institución expuso tres casos emblemáticos que evidencian fallas en la cobertura médica, retrasos en el desembolso del FONARESS y el sufrimiento prolongado de pacientes que, pese a contar con aprobaciones, no reciben la asistencia prometida.

Los efectivos de la Policía Nacional no solo combaten a los autores de hechos punibles, sino que también en muchos casos, estos son cometidos por ellos mismos, es decir, conocen las dos caras de la moneda. Una de ellas –la muy sucia– salió a relucir varias veces en este mes que termina. Si la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, encargada de investigar las irregularidades y las faltas de los uniformados, tiene mucho trabajo que hacer, es porque las lecciones sobre la ética profesional impartidas en el Colegio y en la Academia de Policía, así como –se supone– las arengas matinales en las comisarías, no están dando los resultados deseables. Es necesario que el ciudadano confíe en el agente policial, en vez de presumir que es un hampón disfrazado, según le enseñarían la experiencia propia y la ajena. Basta con tener que cuidarse de los delincuentes comunes; ya resulta excesivo precaverse además de los uniformados a sueldo de sus eventuales víctimas.

Paraguay también enfrenta importantes limitaciones en sus capacidades de gestión pública, lo que incide en la eficiencia y efectividad de sus políticas. Conforme con datos recabados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que pudieron sufrir leves variaciones sin representar cambios significativos, en el pilar de instituciones del último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial ocupaba el puesto 115 entre 141 economías.

LIMA - El juez Jorge Chávez Tamariz dictó este jueves la prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) para evitar que rehuya a una eventual condena en el juicio por el delito de cohecho pasivo propio, a raíz de los presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

A estas alturas, ya hay evidencias suficientes de que para el oficialismo, los cargos públicos son simples monedas de cambio. Es decir, estaría dispuesto a sancionar una presunta irregularidad solo si se hace lo mismo con la que, a su criterio, habría sido cometida en el otro bando. Eso es lo que surge, por ejemplo, de las intervenciones a las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este, así como de la suerte de chantaje en curso para salvar la investidura de la senadora Noelia Cabrera (PLRA, cartista), mediante la anunciada instrucción de un sumario a un lejano pariente político de la senadora Celeste Amarilla (PLRA), que está “a cargo” de su colega Ever Villalba (PLRA). La cuestión va más allá del caso de la senadora Cabrera y del funcionario sumariado, así como de las intervenciones en las dos municipalidades citadas. De lo que se trata, en términos generales, es de la aplicación perversa del viejo principio romano “doy para que des”, que alude a la reciprocidad de un acuerdo.