CORRUPCIÓN

La Cámara de Diputados volverá a tratar hoy un proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista), que favorece la impunidad sobre todo en los causas penales ligadas a la corrupción y al crimen organizado. Ya lo había aprobado en octubre de 2024, pero en marzo último los senadores hicieron bien en rechazarlo por unanimidad. Si la mitad más uno de los 80 diputados se ratificara y la Cámara Alta no volviera a rechazar la infeliz iniciativa por mayoría absoluta de dos tercios de sus 45 miembros, ella quedaría sancionada en mala hora. Se diría que al diputado proyectista le tienen sin cuidado la inseguridad interna y la inserción del crimen organizado hasta en las entidades públicas, como el Congreso, según lo denunciaron las más altas autoridades.

El presidente de la ANR, Horacio Cartes, aludió implícitamente a las ventajas que el clientelismo reporta a los politicastros, en especial a los oficialistas: si se necesitan ataúdes o remedios, entre otras cosas, se recurriría a ellos para obtenerlos. En sus palabras: “cuando tenemos el difunto, cuando tenemos el cajón, cuando tenemos necesidades de los remedios...”, puede deducirse que allí estará un dirigente colorado para satisfacer dichas necesidades. Anteriormente, había instado a los dirigentes en San Juan Bautista (Misiones) a que “sigan haciendo tráfico de influencias para servir” a sus correligionarios, buscando, por ejemplo, camas hospitalarias, que escasean. Nuestro diario ha venido señalando que la mejor opción para políticos clientelistas es mantener al pueblo en la ignorancia, porque ese ambiente se constituye en el mejor coto de caza para conseguir afiliaciones y un electorado cautivo para las elecciones.

BUENOS AIRES. La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) aseguró este viernes que el próximo 18 de junio se presentará ante la Justicia para empezar a cumplir su condena de seis años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ratificada el martes pasado por la Corte Suprema.

Es increíble que en un país con tantas necesidades se tenga que seguir sosteniendo a varias empresas públicas deudoras crónicas, que históricamente han nadado en la corrupción, plagadas de personal supernumerario, insumiendo millonarios recursos que bien pueden destinarse a áreas prioritarias como salud, educación, caminos de todo tiempo, entre otras. No existe una explicación razonable para esta lamentable situación. El año pasado, cuatro de las nueve hoy existentes –Copaco, Petropar, INC y Capasa– habían acumulado resultados negativos por valor de 1,3 billones de guaraníes (167 millones de dólares), generados a lo largo de varias administraciones. En suma, las empresas públicas crónicamente deficitarias son verdaderos lastres, que deben ser arrojados por la borda cuanto antes, mediante la privatización o el cierre liso y llano. Son un peso muerto sobre las espaldas de Juan Pueblo.

Es sabido que la salud pública adolece de gravísimas deficiencias causadas por la corrupción, el derroche y la ineptitud. La falta de medicamentos e insumos, así como la de camas de terapia intensiva y la de personal de blanco, entre otros déficits, hacen que el Estado sea incapaz de proteger el básico derecho a la vida. Las constantes denuncias de los pacientes y sus familiares son desoídas por las insensibles autoridades del Gobierno y del IPS, como ha vuelto a evidenciarse en los últimos días, en relación a un proyecto de ley relativo a la compra de medicamentos para el Incan, mediante una reprogramación presupuestaria. Es lamentable que pacientes y familiares deban recurrir a “polladas” para subsanar las carencias que deben ser evitadas mediante la correcta administración de los recursos públicos.