CORRUPCIÓN

El próximo 14 de febrero se cumplirá un año del mayor avasallamiento a la democracia por parte del Congreso Nacional, de los últimos tiempos, con la expulsión de la exsenadora Kattya González (ex-PEN), para lo cual, con mayoría cartista, nuestros desvergonzados senadores violaron garantías fundamentales de un debido proceso, como el ejercicio de la defensa y la imparcialidad del cuerpo legislativo en el marco de un libelo acusatorio montado con el objetivo de dejar a la senadora opositora “fuera del tablero”. Coincidentemente, un año después somos testigos de un bochornoso escándalo como consecuencia de las filtraciones de mensajes comprometedores, entre otros, del expresidente y exvicepresidente primero del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el diputado Orlando Arévalo (ANR, HC) y el hoy fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), que dejaron al descubierto cómo opera el poder político para someter a jueces y fiscales corruptos.

“Hay que matar la víbora en su nido”, escribió en marzo de 2021 el extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes al extitular de la Dinac y declarado “significativamente corrupto” por EE.UU. Égdar “Beto” Melgarejo. Fue al pedirle a Melgarejo que intermedie a su favor para “parar” con los pedidos de informe que estaba realizando el extitular de la Seprelad Carlos Arregui. El fallecido legislador también manejaba la Dinac, intermediando para la liberación de una avioneta que ingresó en 2019 a nuestro país sin permiso alguno.

Gremios empresariales, organizaciones civiles y desde distintos ámbitos se posicionaron en medio de los escándalos de corrupción y tráficos de influencia que sacuden a legisladores, fiscales y jueces nuestro país, y piden que estos hechos no empañen la economía nacional que con tanto sacrificio se viene construyendo desde diferentes ámbitos.

Sin dudas el 2025 viene cargado de sorpresas, y un 3 de febrero no podía pasar desapercibido en la historia del Paraguay. Al tiempo de recordar que hace 36 años empezábamos a caminar en democracia tras una larga y cruenta dictadura stronista, en fecha coincidente también recibíamos con asombro la denuncia realizada por el juez Osmar Legal en el marco de la investigación de la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien dio a conocer parte de la pericia realizada al teléfono del diputado fallecido en un enfrentamiento con la policía durante un allanamiento de su vivienda como parte de una investigación de supuesto narcotráfico. Los datos dados a conocer muestran cómo funciona aparentemente el engranaje de la mafia política, que salpica a fiscales y jueces, y en este caso supuestamente al diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y hoy vicepresidente del organismo.

El diputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko (ANR, cartista), representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), expresidente y actual vicepresidente primero del más alto Tribunal que juzga a fiscales y jueces en el Paraguay, no puede durar un minuto más en ningún cargo público. El seriamente indiciado por actos que serían ilegales tuvo el descaro de solicitar ayer un vergonzoso “permiso temporal” indeterminado. Esta ignominia, en el máximo tribunal juzgador de jueces y fiscales, es absolutamente inadmisible y deshonrosa para la República del Paraguay en general y para los otros miembros del JEM en particular. Si nuestra República no aprovecha coyunturas como estas para emprender una depuración profunda de sus instituciones, arrancar de raíz la podredumbre legislativa, judicial y fiscal, aplicar castigos ejemplares e implacables a los corruptos, sin margen de duda podremos afirmar que en Paraguay, la mafia manda.