CORRUPCIÓN

Es sabido que la salud pública adolece de gravísimas deficiencias causadas por la corrupción, el derroche y la ineptitud. La falta de medicamentos e insumos, así como la de camas de terapia intensiva y la de personal de blanco, entre otros déficits, hacen que el Estado sea incapaz de proteger el básico derecho a la vida. Las constantes denuncias de los pacientes y sus familiares son desoídas por las insensibles autoridades del Gobierno y del IPS, como ha vuelto a evidenciarse en los últimos días, en relación a un proyecto de ley relativo a la compra de medicamentos para el Incan, mediante una reprogramación presupuestaria. Es lamentable que pacientes y familiares deban recurrir a “polladas” para subsanar las carencias que deben ser evitadas mediante la correcta administración de los recursos públicos.

Paraguay es uno de los países menos desarrollados de América del Sur, y esto se debe en gran medida a la terrible y desvergonzada corrupción que existe en cada gobierno de turno.

Petropar no descuella por la excelencia de su gestión, en la que se incluyen corruptelas como la compra ilícita de agua tónica durante la pandemia. Tampoco el desempeño de su actual presidente, Eddie Jara, –que ya lo fue entre 2016 y 2018, habiendo sido denunciado penalmente por supuestos daños patrimoniales por un valor total de 33.000 millones de guaraníes– permite afirmar que esa empresa pública se halla en buenas manos. Valga como ejemplo el contrato para el suministro de gasoíl que celebró el 30 de septiembre de 2024, con la firma Doha Holding Group LLC, creada a fines de 2023 por un jeque de Catar y por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith. Era para proveer dentro del plazo de dos meses cien mil metros cúbicos de gasoíl, pero el contrato ya fue prorrogado seis veces.

Sin duda, la corrupción es una de las peores lacras del Paraguay. Es omnipresente y se manifiesta de diversas formas, desde las coimas entregadas para evitar una multa hasta los desvíos de fondos públicos, pasando por las licitaciones amañadas y el soborno: el resultado final es el enriquecimiento ilícito de quien ejerce un cargo estatal, al que se suma la impunidad del particular confabulado. El hecho de que, según el informe Latinobarómetro 2024, el nuestro sea el país iberoamericano donde el régimen autoritario es más aceptado, responde quizá a que muchos compatriotas creen –erróneamente– que para combatir la deshonestidad se necesita una “mano dura”. El año pasado, Transparencia Internacional informó que, de acuerdo a la percepción de sus propios habitantes, Paraguay sigue ocupando en Sudamérica el segundo lugar en el ranking de la corrupción, tras Venezuela, habiendo empeorado su posición a nivel mundial. En julio, el Departamento de Estado de los EE.UU. la había calificado de “desenfrenada”.

La presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, licenciada Mirna Gallardo, denunció la grave situación que afecta a trabajadores de la salud víctimas de la llamada “mafia de los pagarés”. Reclamó la postura de la Corte Suprema de Justicia, que anunció ayer que no puede anular de forma genérica los embargos denunciados por las víctimas.