CORRUPCIÓN

Al Gobierno del presidente Santiago Peña le molestan enormemente las voces disonantes que cuestionen sus actos de desgobierno, la corrupción y el robo. Ya conocimos esta clase de experiencia en marzo del 2017, durante el entonces gobierno de Horacio Cartes cuando, después de una manifestación, una orden superior dispuso atropellar la sede del PLRA, donde la policía cartista asesinó a Rodrigo Quintana. Ocho años después, la historia se repite con nuevos tintes. Con menos manifestantes y más policías, con detenciones arbitrarias y cacería ciudadana violentaron varios preceptos constitucionales y dejaron una sospecha: tienen una intolerancia visceral a cualquier otra voz que no sea la cartista. Habituados a copar todos los poderes y las instancias inclusive autónomas, el Gobierno desplegó unos 3.000 policías para doblegar a unos 300 “peligrosos” jóvenes que se convocaron para una marcha contra la corrupción. Un gigantesco papelón para la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, que con comunicados criminalizaron una manifestación amparada por la Constitución Nacional.

Tras veinte días de duros combates, la primera gran batalla de la Guerra del Chaco cesó el 29 de septiembre de 1932, con el triunfo de las armas paraguayas sobre las bolivianas, de modo que no está mal que un departamento chaqueño lleve su nombre. Poco después del armisticio que puso fin a las hostilidades tres años más tarde, el comandante en jefe, entonces general José Félix Estigarribia, dijo a su par, el general Enrique Peñaranda, que su ejército era “uno de los mejores y más bravos del mundo”, a lo que este respondió que también el nuestro tenía “las más altas virtudes militares”. Ese mutuo respeto también se advierte hoy en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde ya, es plausible que no hayan vuelto a surgir conflictos de límites ni de otra laya entre las dos naciones, pese a la considerable extensión de la frontera seca fijada por el Tratado de Paz, Amistad y Límites, de 1938.

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que el 8 de septiembre lanzó una Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud, se dirigió al cardenal arzobispo de Asunción Adalberto Martínez, a través de un comunicado, para denunciar “hechos de corrupción estructural que comprometen el derecho a la vida” y ocurren en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dirigido por María Teresa Barán. También le pidió su mediación ante el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República (CGR) a fin de que los responsables del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que está integrado al Ministerio y financia el tratamiento de enfermedades que generan altos costos, sean removidos e investigados y el caso sea remitido a la Justicia. La salud pública no debe seguir expuesta a la corrupción, unida a la ineficiencia.

En un comunicado, el Círculo Paraguayo de Médicos denunció corrupción y lucro excesivo en los sistemas de salud del país, tanto público como privado. La institución expuso tres casos emblemáticos que evidencian fallas en la cobertura médica, retrasos en el desembolso del FONARESS y el sufrimiento prolongado de pacientes que, pese a contar con aprobaciones, no reciben la asistencia prometida.

Los efectivos de la Policía Nacional no solo combaten a los autores de hechos punibles, sino que también en muchos casos, estos son cometidos por ellos mismos, es decir, conocen las dos caras de la moneda. Una de ellas –la muy sucia– salió a relucir varias veces en este mes que termina. Si la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, encargada de investigar las irregularidades y las faltas de los uniformados, tiene mucho trabajo que hacer, es porque las lecciones sobre la ética profesional impartidas en el Colegio y en la Academia de Policía, así como –se supone– las arengas matinales en las comisarías, no están dando los resultados deseables. Es necesario que el ciudadano confíe en el agente policial, en vez de presumir que es un hampón disfrazado, según le enseñarían la experiencia propia y la ajena. Basta con tener que cuidarse de los delincuentes comunes; ya resulta excesivo precaverse además de los uniformados a sueldo de sus eventuales víctimas.