corrupción

Víctor Abel Grance, asegurado desde hace más de 25 años, necesita con urgencia una cirugía de aorta en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, la previsional no cuenta ni con guantes de procedimiento y le exige a su familia comprar insumos esenciales por casi G. 8 millones. La esposa denuncia la injusticia y pide a la previsional que tenga consideración.

El extitular de la SEN Camilo Soares suplicaba “apoyo” e intermediación con “amigos” al contralor general, Camilo Benítez. Fue luego de la renuncia del exintendente Mario Ferreiro (Ind.). “Yo fui muy leal y cumplí todo mi compromiso” (sic), decía Soares a Benítez en uno de los chats que forma parte de las 6.000 páginas de conversaciones cajoneadas por la Fiscalía desde hace tres años, según denunció el abogado Guillermo Ferreiro.

«Al cumplir 214 años como república independiente, deberíamos preguntarnos si la corrupción en Paraguay es una patología o más bien un sistema, una forma organizada y funcional de gobierno que sostiene una clase dirigente divorciada del pueblo. ¿Hay Estado? Sí, pero no para servir a la ciudadanía, sino para perpetuar un esquema de control y dominación».

Este 14 de mayo se cumplirán ya 15 meses de una de las mayores afrentas a la institucionalidad de uno de los poderes del Estado en la era democrática que culminó con la expulsión del Congreso Nacional de una senadora, Kattya González (ex-PEN), electa por un centenar de miles de votos que la legitimaron. En un claro mensaje “aleccionador” de sometimiento a la “corona” que ordena los lineamientos políticos en el Parlamento, en el Ejecutivo y probablemente en la Justicia paraguaya, Kattya González era expulsada de su banca luego de un juicio político en el cual una mayoría coyuntural obedecía con la orden de destitución. Y con ello, se generaba el quiebre institucional que solo podría ser enmendado por la Justicia, a cargo de la máxima instancia a través de una declaración de inconstitucionalidad. 

A continuación trataremos una exposición analítica respecto a los parámetros que se precisan en clave a la formulación gnoseológica de la “corrupción”, a partir del beneficio económico ilegítimo, sea para el mismo agente y/o para terceros. Entretanto, se presenta “significativa” aquella Resolución Nº 1/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comprende a la corrupción como: “un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y afecta el acceso a los derechos humanos”.