corrupción

La inflación en 2024 fue del 3,8%, ligeramente superior al 3,7% de 2023, dentro de la meta del Banco Central del Paraguay, lo cual ha sido destacado como un logro del Gobierno. Sin embargo, una vez más, la suba de precios ha sido mucho mayor en los bienes y servicios de primera necesidad, especialmente alimentos. Con ello se reconfirma que el peso principal del ajuste, del costo de la ineficiente burocracia estatal, del excesivo gasto público improductivo, con su altísimo componente de corrupción y de privilegios indebidos, sigue recayendo principalmente sobre los segmentos más pobres de la población. ¿Por qué hay inflación? Si en una economía hay más dinero que los bienes y servicios que representa, ese dinero pierde valor frente a esos bienes y servicios, eso es la inflación. De más está decir que el causante principal es el sector público o, más específicamente, el gasto estatal improductivo o sobrefacturado.

Vía redes sociales, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, destacó una publicación de un diario chileno, donde justamente se mencionaba su figura como una destacada en América. Lo llamativo del caso es que aparentemente el alto funcionario del Gobierno solamente se quedó con la primera parte y no llegó a leer hacia el final, donde hablan sobre el expresidente Horacio Cartes y la corrupción.

Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, hasta ahora funcionario de la Cámara de Diputados y condenado por corrupción junto al exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González por la tragada de al menos G. 5.105 millones, hasta 2018 ni siquiera tenía casa propia, cuentas bancarias ni ahorros, según su única declaración jurada presentada ante Contraloría.

En septiembre de 2017, en plena campaña electoral por las internas de la ANR, el entonces aspirante cartista al Palacio y actual presidente de la República, Santiago Peña, decía que el destino lo “volvía a unir” al entonces candidato a Gobernador de Central, Hugo Javier González, ahora condenado a 10 años de prisión por corrupción. Contó cómo un G. 500.000 selló su “alianza” con la Primera Dama y con su “hermano”: el “Nº 2″, con quién luego fueron “al ataque”.

El 27 de febrero del año pasado, la exsenadora Kattya González promovió ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara Alta que el 14 de febrero la privó de su investidura por un supuesto uso indebido de influencias, violando el reglamento interno y el derecho a la defensa de la afectada. En la ocasión, el abogado Roberto Marcial González, representante de la afectada, manifestó su “plena confianza” en dicha Sala, integrada por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos, porque “el caso es fácil” y la máxima instancia judicial “ha demostrado un valor de independencia”. Y bien, está visto que su confianza resultó exagerada, pues la morosidad de las actuaciones obligó a su representada a urgir el 5 de diciembre –por quinta vez– que se dicte sentencia en la acción a la que se le dio trámite el 24 de abril.