Pasaron un año y cinco meses de la arbitraria expulsión del Parlamento de la exsenadora Kattya González, luego de un juicio orquestado para el efecto, en el cual se justificaron como causales de enjuiciamiento y pérdida de investidura hechos que posteriormente fueron desestimados por el Ministerio Público, demostrando con esto la inexistencia de tales causales. Sin embargo, casi un año y medio después de uno de los sucesos más atentatorios contra la frágil democracia, la Corte Suprema de Justicia sigue sin pronunciarse al respecto. No se ha expedido ni en favor ni en contra. Cuesta entender que hombres de la ley que habrían sido elegidos por su versación y otras cualidades, en tan largo tiempo no se hayan podido formar una opinión sobre el tema en estudio. A este paso, podría conjeturarse que sí, que ya tomaron una decisión, pero que esta se contrapone con lo que podría ser el deseo del dueño o de los dueños del poder. Así se confirmaría, por si hiciera falta, el lamentable sometimiento de nuestros magistrados a la clase política.