30 de mayo de 2025
La acción de inconstitucionalidad promovida en diciembre de 2022 en contra de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que decidió absolver a los camaristas que confirmaron la decisión de la entonces jueza Tania Irún, de entregar tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas extranjeras, sigue pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Los accionantes presentaron un urgimiento a la Sala Constitucional para que resuelva el planteamiento.
Senadores de la comisión “antimafia” de los pagarés denunciaron ayer ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón los múltiples casos de víctimas de la “mafia de los pagarés” a quienes se les descuenta el 100% de sus salarios violando el límite legal del 25% del embargo, salvo prestación alimentaria. Los altos magistrados informaron de las medidas que tomaron con respecto al esquema monumental de estafa y los senadores afirmaron que estiman que los afectados serían cerca de 30 mil personas.
Los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón se reunieron con los integrantes de la Comisión Especial del Senado, que se conformó en el caso de la mafia de pagaré. Manifestaron que la misma fue fructífera, pues clarificaron muchas aspectos sobre el tema. Indicaron que se busca que la devolución del documento al momento del cobro y sostuvieron que se debe realizar un cambio de cultura, dejando de lado la buena fe y retirar los documentos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de apelación planteado por la defensa del ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez, condenado a 11 años de cárcel por corrupción. Sin embargo, sigue pendiente una recusación contra el Tribunal de Apelación Multifueros que debe estudiar el recurso planteado contra la condena del político cartista y otros cuatro condenados.
La Cámara de Senadores, en su última sesión ordinaria, aprobaron como moción de preferencia, tratar en 15 días, dos proyectos de ley en contra del esquema de estafa conocida como la “mafia de los pagarés”. Uno de ellos plantea un nuevo marco legal en favor de las víctimas mientras que el otro propone la creación de juzgados de paz sin carga presupuestaria.
El Tribunal de Cuentas dejó sin efecto la destitución de un funcionario judicial, tras constatar la excesiva duración del sumario realizado por la Corte Suprema de Justicia. La decisión es consecuencia de la mora judicial.