5 de abril de 2026
Agrupo tres episodios relativamente recientes, todos ellos del mundo de la justicia, digamos, con el propósito de reflexionar sobre la legitimidad del Poder Judicial. Aclaro que me refiero a su legitimidad subjetiva, a la aprobación social, a la confianza que genera en la ciudadanía; no a su legitimidad objetiva, que tiene que ver con otra cosa, especialmente con que sus miembros sean designados conforme a los procedimientos correspondientes. Antes de seguir, quiero remarcar que la aptitud del Poder Judicial para inspirar credibilidad constituye uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad.


La defensa del senador colorado con permiso Erico Galeano presentó un recurso de apelación en el que solicitan la nulidad de la sentencia y la absolución del legislador, quien fue condenado en primera instancia a 13 años de cárcel por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal en el marco del caso A Ultranza Py.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la sentencia condenatoria a Cynthia Ramona Ojeda Burgos, pareja del condenado Gregorio “Papo” Morales, cuyo recurso de casación aún está pendiente de resolución. Ella fue condenada a 12 años de cárcel y él, a 32 años de prisión por el crimen de Robert Fabián Marín (23), ocurrido en noviembre de 2020.

La Corte Suprema de Justicia dejó sin cargo a una magistrada que expuso las carencias del juzgado penal de Garantías de Lambaré y nombró a un asistente fiscal en su reemplazo. Fue durante el estudio de varias ternas para la capital e interior del país, que se realizó en la sesión plenaria ordinaria de hoy.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo. Con esta decisión, ambos deberán enfrentar un nuevo juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito.

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso el inicio de un sumario administrativo y la suspensión, sin goce de salario, de dos funcionarias judiciales. Ambas fueron denunciadas y expuestas en un video en el que se las veía en “modo relax”, dentro de la oficina de Atención a Víctimas de Violencia del Palacio de Justicia de San Lorenzo. Fueron cuestionadas por no tomar la denuncia de una mujer que acudió hasta ahí.