Corte Suprema de Justicia (CSJ)

El diputado Alejandro Aguilera presentó un proyecto de ley con el que busca garantizar la celeridad y seguridad jurídica en el trámite de las acciones de inconstitucionalidad. “La ausencia de plazos legales para resolver la admisibilidad genera demoras prolongadas, incertidumbre y afectación a la tutela judicial efectiva”, señala el texto del legislador.

Algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia, designados por el Senado y el Poder Ejecutivo, siguen ocupando el cargo en contravención al artículo 252 de la Constitución, amparados en el artículo 19 de la Ley Nº 609/1995. En la Ley Fundamental, el Título II, Capítulo III, trata “De las disposiciones generales”; es decir, de las normas que regulan la composición y las funciones del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, la autarquía presupuestaria, la inamovilidad de los magistrados, el enjuiciamiento y la remoción de los magistrados, las incompatibilidades, las inmunidades, la forma de los juicios y la obligación de colaborar con la justicia. En la doctrina, la inamovilidad es el derecho que se les concede a ciertos funcionarios públicos, para no ser destituidos, trasladados, suspendidos ni jubilados, sino por alguna de las causas prevenidas en la legislación; ampara de modo preferente a los magistrados del Poder Judicial.

En mi carácter de Representante Convencional del Sr. Dhones Niero, accionista de la firma NA FOODS S.A., me dirijo a las autoridades nacionales, a los medios de prensa y a la ciudadanía en general.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra en etapa de integración para analizar el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa del exconcejal luqueño Óscar Rubén González Chaves (ANR), en contra de la confirmación de la condena a cinco años y seis meses de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el caso “Príncipe Di Savoia”.

La jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer ordenó la captura nacional del exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini. El mismo fue condenado a 3 años por un pedido de coima de US$ 50.000, a cambio de su voto en una resolución. Así, una vez detenido deberá cumplir su pena en la Unidad Penitenciaria Industrial “Esperanza”.