Con la demanda en auge de créditos de carbono a nivel internacional, hay gran expectativa en torno a la reciente reglamentación de la Ley N° 7190/23, que regula estos bonos, y su impulso para atraer inversiones. A continuación, el director jurídico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Víctor González, detalla cuáles son las particularidades y el funcionamiento de este mercado, que promete generar US$ 300 millones “en el corto plazo”.
SAO PAULO. Meta, dueña de Facebook e Instagram, anunció este miércoles un acuerdo para adquirir 1,3 millones de créditos de carbono, con una opción de compra adicional de otros 2,6 millones de créditos, en América Latina.
Paraguay posee un gran potencial para la generación de proyectos para créditos de carbono en bosques. La cobertura forestal del país ofrece una oportunidad única para desarrollar iniciativas que contribuyan a la mitigación del cambio climático y a la conservación de la biodiversidad, destacó la Ing. For. Lila Gamarra, docente de la carrera de Ingeniería Forestal de la UNA.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó este viernes por establecer un marco de cooperación internacional “sólido” para los mercados de créditos de carbono, “una de las herramientas más poderosas que tenemos en nuestras manos”, para incorporar más países a este instrumento de lucha contra el cambio climático.
La promulgación de la Ley Ley N° 7.190/23 de Créditos de Carbono ha abierto un abanico de posibilidades de desarrollo de negocios mediante el capital ambiental que suponen las actividades de conservación, forestación y reforestación en el territorio nacional. En este sentido, y de acuerdo a los datos, Paraguay se encuentra “ante una oportunidad brillante de generar unos USD 25 mil millones”. Pero también se encuentra ante el gran desafío de lograr la confluencia de mercados voluntarios y regulados, de manera que los segundos no terminen por absorber las iniciativas de los primeros.
La ley establece que quienes quieran operar con estos bonos, paguen un canon de hasta 500 jornales para inscribirse en el registro, salvo las comunidades indígenas exentas de este cobro. La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el pasado 4 de octubre, con 60 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.